La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) ha presentado una denuncia contra el sindicato Comisiones Obreras y contra su secretario comarcal, Xosé Luis García Pedrosa, por las acusaciones contra el colectivo realizadas en relación con los despidos de los trabajadores de los quioscos que gestiona la entidad a través de la Rede Galega de Kioscos.
En A Estrada la Rede Galega dispone de un quiosco en la Praza do Mercado y otro en la alameda. Del primero fueron despedidas tres personas. Dos de ellas denunciaron el despido. El juicio será el próximo día 18 en Pontevedra. Del quiosco de los jardines municipales fueron despedidas 5 personas. Cuatro denunciaron y tendrán el juicio en marzo.
Según explicó ayer García Pedrosa, Cogami presentó «nun xulgado de primeira instancia de Santiago unha demanda ordinaria en defensa do honor». «Din que as manifestacións feitas nos medios non son certas e piden xudicialmente unha reparación, sen concretar como», explicó el sindicalista. CC. OO. ya ha presentado sus alegaciones a esta demanda.
García Pedrosa interpreta esta denuncia como «un intento de Cogami de poñernos un bozal». El secretario general se mostró despreocupado respecto a la denuncia y, lejos de tomar precauciones en sus declaraciones, se reafirmó en todas las acusaciones anteriores.
Según explicó, la sentencia del juzgado estradense favorable a los trabajadores que habían sido acusados por la empresa de robo es una prueba más de que CC. OO. está en lo cierto cuando afirma que «Cogami entende as relacións laborales coma no século XIX». García Pedrosa indicó que la denuncia por robo fue «un atentado contra a dignidade persoal e profesional dos traballadores» y «unha montaxe para intentar despedilos de xeito gratuito». Aseguró que los despidos deben declararse nulos y dijo además que el personal que aún sigue en la empresa está sometido a «prácticas de acoso laboral» que incluso han provocado la baja de algún trabajador.
Presuntas grabaciones ilegales
El portavoz sindical acusó a Cogami de mentir en relación con la denuncia presentada en julio por Comisiones Obreras contra el colectivo ante la Agencia Española de Protección de Datos, en relación con las grabaciones presuntamente ilegales en los quioscos, sin la existencia de carteles de advertencia. Según García Pedrosa, Cogami comunicó a CC. OO. a finales del verano que la Agencia había resuelto la denuncia y no encontraba indicios de ilegalidad. Sin embargo, a finales de octubre CC. OO. recibió una comunicación de la Agencia informándole de que la denuncia había sido admitida a trámite, que se recabará información y que habrá 12 meses de plazo para emitir un dictamen.
El sindicato consideró escandaloso que la administración no actúe ante un caso de este calibre en una empresa de economía social que cobra ayudas públicas. «Non pode ser que a Xunta mire para outro lado», indicó Pedrosa. Explicó que el director xeral de Relaciones Laborales, Odilio Martiñá, se ofreció a promover una reunión entre la dirección de Cogami y los afectados que nunca se organizó. CC. OO. dará traslado del asunto a la oposición parlamentaria. «Este tema ten que estar no Parlamento. Hai que dirimir responsabilidades políticas», indicó.