La fábrica de muebles Figueroa de Arriba, en A Estrada, ha presentado ante la inspección de Traballo y ante la Consellería un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter definitivo con el que pretende extinguir todos los puestos de trabajo. La empresa, que en su día llegó a tener 23 asalariados, emplea en la actualidad a once personas: dos en las oficinas y el resto en los talleres. Todos ellos llevan dos meses sin percibir sus salarios.
Las negociaciones entre la empresa y los representantes sindicales de los trabajadores para buscar un acuerdo de indemnización comenzaron ayer y lo hicieron con mal pie. La oferta de la patronal fue vista por la CIG -el único sindicato con representación en la empresa- casi como un insulto. La delegada de personal de la empresa, Purificación Búa Vázquez, y el responsable comarcal de la CIG, Antón Álvarez Merayo, informaron ayer en rueda de prensa de los términos de la negociación. Lo hicieron arropados por más del 60% de los trabajadores de la fábrica. Según explicaron, la empresa se limitó a ofrecer a los trabajadores la compensación mínima fijada por la legislación actual, es decir, veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. La empresa defiende esta oferta alegando problemas económicos que fuerzan el cierre. El sindicato no reconoce las causas «objetivas» del ERE que cita la empresa y reclama una indemnización por despido de 45 días por año trabajado.
Según aseguró ayer el responsable comarcal de la CIG, la empresa estradense carece de deudas, tiene al día los pagos a los proveedores y además forma parte del Grupo Santos. Antón Álvarez considera que estas circunstancias favorecen el pago a los trabajadores de las indemnizaciones por despido solicitadas y que estas son posibles con un poco de voluntad por parte del empresario.
Sin embargo, el responsable comarcal de la CIG sospecha que la empresa no tiene intención alguna de hacer un esfuerzo por los trabajadores. Cita como ejemplo el acta presentada ayer a los trabajadores solicitando su firma. En ella se aseguraba que los trabajadores no quisieron colaborar en el expediente del ERE por haber solicitado vacaciones en el mes de agosto, se les acusaba de bajo rendimiento premeditado y, por ambas cuestiones, se aludía a una presunta «huelga encubierta» de los trabajadores. Ninguno de los empleados firmó el documento. Antón Álvarez indicó que, muestra de la voluntad de colaboración de los empleados es el hecho de que continúan trabajando pese a llevar dos meses sin cobrar sus sueldos. El portavoz sindical ve en cambio mala fe en el empresario. «Os pagos ós proveedores están ó día e os únicos que non cobran son os traballadores. Isto é sen dúbida unha medida de presión para queimalos e tentar que se vaian polo seu propio pé», explicó.