Alguna de las quejas transmitidas por los procuradores a través del colegio profesional en relación con la situación del Juzgado número 1 de Lalín ya obtuvo respuesta. Desde la secretaría de coordinación provincial de Pontevedra de la Administración de Justicia se pide a estos profesionales que apunten las soluciones que consideran adecuadas para conseguir la normalización de la sala. Al mismo tiempo se recaba de este colectivo que amplíen las quejas enviadas y que apunte las causas o los motivos a los que achacan la situación caótica del juzgado que denuncian. Una información que se les requiere con la mayor brevedad a fin de poder actuar. Esta respuesta de la secretaría pontevedresa fue transmitida a los procurados a través de la delegación provincial del colegio profesional. En su escrito de protesta los procuradores incidían en los «gravísimos perjuicios» que la situación del juzgado estaba ocasionando en sus clientes. Ayer algún procurador de la zona se mostraba sorprendido por esta respuesta y consideraban que la Administración de Justicia era ya conocedora de la situación en la que se encuentra el juzgado. Sin competencias Por su parte, desde la Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza se contestó ayer que las quejas de profesionales y usuarios están todas ellas referidas a temas relacionados con el funcionamiento interno del juzgado. Explican que su organización es competencia única y exclusivamente del propio juzgado o de las autoridades judiciales y que la consellería no tiene competencias en la materia. Las suyas se referirían, sobre todo, a reclamaciones o peticiones que tuvieran relación con carencias del edificio o peticiones de material. Básicamente los asuntos relacionados con infraestructuras. Desde la consellería se insiste que en este caso las quejas se refieren a retrasos en la tramitación de asuntos, la lentitud con la que se mueve la cuenta de consignaciones, entre otras. Cuestiones todas ellas, recuerdan, que competen al propio juzgado señalando que el problema parece ser de organización interna y que son los propios trabajadores del juzgado los que tendrían que solucionarlo. Los profesionales consideran que la consellería debería de adoptar medidas teniendo en cuenta, alegan, que es la Xunta la que paga al personal. Por su parte, el Tribunal de Xustiza de Galicia es quien lleva a cabo una inspección periódica de la situación de los juzgados. La última inspección rutinaria del Presidente del TSXG se produjo el 28 de marzo del 2007. En octubre de ese año, con motivo de una inspección realizada al número 2, el entonces presidente del tribunal pedía a jueza y secretaria del 1 un estudio de personal para paliar carencias. Ayer el TSXG estudiaba las quejas, pero aún no contestó a las mismas.