La propuesta de la Xunta de pedir a las diputaciones el traspaso de algunas carreteras incluye en la lista una serie de viales de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Por lo que se refiere a la provincia de Pontevedra el cambio propuesto por la Xunta supone dar más o menos lo mismo que se recibe. Es decir, la Xunta quiere traspasar a la Diputación 105 kilómetros que pasarán de la red autonómica a la provincial y 108 kilómetros seguirán el proceso inverso.
Entre las carreteras que las Diputaciones, en este caso la pontevedresa, transferirían a la Xunta se encuentra la totalidad de la EP-5308 entre Agolada y Vila de Cruces que tiene una longitud total de 16,75 kilómetros. A esta se añade la EP-7001 que comunica A Estrada con Forcarei y que tiene una longitud de 22,90 kilómetros y 19 kilómetros de los 22,58 que tiene de longitud la EP-7201 entre Cachafeiro-Silleda y el trecho Forcarei-Silleda. La propuesta de la Xunta de carreteras provinciales que serían transferidas al gobierno autonómico incluye un total de nueve viales. En alguno de ellos solo en una pequeña parte como es el caso de la de Arcade-Amoedo en el trecho Arcade-Soutomaior o el de A Cañiza-A-52 del vial A Cañiza-Arbo. En total de kilómetros que serían traspasados al gobierno provincial sería de 108,13.
Por el contrario el listado de viales que la Xunta transferiría a otras administraciones, en este caso Diputación y concellos, figura la 0,83 kilómetros de la PO-841 en Souto de Vea, una carretera de la red secundaria. En la relación se encuentra también 15,37 kilómetros entre A Estrada y Ponte Ulla, en la Nacional 525 que pasarían a ser de titularidad de la Diputación y los 2,80 kilómetros del SG-V2 y el SG-V5 del Concello de Lalín, las variantes este y noroeste de Lalín que serían transferidas al Concello.
A esta se suman 2,01 kilómetros de la PO-210, la carretera que enlaza la Nacional 525 con la estación de ferrocarril de Bandeira y 1,85 kilómetros de la PO-211 entre la Nacional 525 y la estación de tren de Silleda, esta última sería transferida al Concello.
La propuesta forma parte de un plan que la conselleira de Política Territorial presentó el lunes a los representantes de las cuatro diputaciones. Un plan que, de momento, tiene como horizonte de ejecución el 2020. Política Territorial calcula que su aprobación podría tener lugar a final de año.