El baile de transferencias entre la Diputación y la Xunta puede terminar convirtiéndose en un viaje de ida y vuelta. El organismo provincial apuntó en los últimos meses su deseo de gestionar al menos cuatro áreas de actuación que actualmente están en poder de la Xunta. Algunas de ellas ni siquiera son una competencia autonómica clara, según coinciden en destacar tanto el PP como el BNG.
El inicio de un proceso para explorar la posibilidad de traspasar hasta diez centros de la Diputación a la Xunta fue acompañado, por parte del gobierno provincial, de un llamamiento a la Xunta para que transfiera a su vez a Pontevedra el plan autonómico de obras para los Concellos.
El presidente de la institución, Rafael Louzán, vistió esta petición con la coletilla de que se trataba de evitar que los alcaldes anden suplicando obras por los despachos de las consellerías y por la propia Diputación. A nadie se les escapa, sin embargo, que el PP desearía ver concentradas en el ente provincial -única Administración superior al nivel municipal que gobierna actualmente- las ayudas para obras municipales a fin de incrementar su cuota de poder.
Sin embargo, los populares no están solos a la hora de pedir que estos fondos de la Xunta sean gestionados desde Pontevedra. El portavoz del BNG, César Mosquera, se ha pronunciado asimismo a favor de que el Fondo de Cooperación Local de la Xunta pase a manos de las diputaciones.
Este tipo de ayudas nacieron en la etapa del tripartito ante la ofensiva lanzada por el PP a finales de los años 80 desde las diputaciones -las cuatro de Galicia eran gobernadas en aquel momento por los populares- para recuperar el poder en la Xunta. Desde Santiago, se arbitraron mecanismos de ayuda, fundamentalmente para compensar a concellos afines. Los sucesivos gobiernos autonómicos -incluidos los de Fraga- se negaron posteriormente a renunciar a estas competencias.
En conexión con esta demanda, la Diputación quiere gestionar asimismo los fondos del antiguo POL -actualmente en gestionados por el Estado con ayuda de la Xunta-, asumir un mayor protagonismo en servicios básicos que deben prestar los concellos y hacerse cargo de la red secundaria de carreteras de la Xunta que, en estos momentos, sigue necesitada de reformas en algunos casos.