Fue la primera gran redada europea contra el uso indiscriminado de programas informáticos pirateados en cibercafés de la provincia de Pontevedra, entre ellos de A Estrada y Lalín. Hace poco más de un año, la Guardia Civil inspeccionó 28 de estas empresas confiscando cuatrocientos ordenadores y veinte servidores. Los gerentes de los citados negocios fueron detenidos y puestos en libertad tras prestar en declaración. Si el operativo policial fue enorme, el número de juzgados que se vieron inmersos en el caso ascendió a 21. Y como no podía ser de otra manera, la resolución de la denominada operación Coffee a priori promete ser una sucesión de juicios y vistas orales. De hecho, responsables de la Fiscalía de Pontevedra resaltaron ayer que está previsto que al menos se celebren 31 o 32 juicios. Rechazaron la posibilidad de realizar un único macroproceso. Este mismas fuentes incidieron en que el motivo se encuentra en que, si bien en todas las empresas investigadas se apreció inicialmente una serie de supuestas prácticas delictivas comunes -uso de programas sin tener licencia para ello-, cada negocio es independiente en su manera de funcionar y no mantienen una conexión entre sí, por lo que no se puede abrir un proceso conjunto. La Fiscalía de Pontevedra tuvo que apercibir de esta circunstancia a algunos juzgados de la provincia ya que instruían un mismo procedimiento para dos o más cibercafés. Fase actual A día de hoy, los expertos en delitos telemáticos de la Guardia Civil han concluido sus informes sobre el presunto uso de software pirateado o sin licencia en los ordenadores que estaban a disposición del público en los cibercafés investigados. En algunos casos, según trascendió en su día, los computadores intervenidos tenían habilitadas carpetas y los programas necesarios para que sus usuarios pudieran descargarse películas. No en vano, tras realizar la operación, la Guardia Civil informó de que entre el material decomisado se hallaban 2.000 discos compactos pirateados.