La senadora no tiene quien le tosa

Tras un año de su absolución en España por dopaje, Marta Domínguez logra nuevas resoluciones a su favor


redacción / La voz

El 7 de septiembre del 2013, en un hotel de Buenos Aires, Madrid despertaba de su último sueño olímpico. Tokio se había impuesto con autoridad en la carrera por organizar los Juegos. La capital de España ni siquiera había superado el corte. Una pregunta sobre la operación Puerto y la destrucción de las bolsas de sangre que habían aflorado durante el proceso hizo tambalear la intentona que había nacido con Gallardón y perpetuó Ana Botella. «España está a la altura de los países que más luchan contra el dopaje, no solo en el número de controles, sino por el compromiso del Gobierno y de los atletas», replicó desde la tribuna el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, aquella noche. Meses más tarde, Blanco reconocía que la operación Puerto era «difícil de explicar» y «una herida para la credibilidad de nuestro país y que tardará en cicatriz».

Casi dos años antes, en octubre del 2011, Mariano Rajoy, a punto de llegar a la presidencia del Gobierno, anunciaba que la mejor atleta española de todos los tiempos, Marta Domínguez (Palencia, 1975), sería la candidata del Partido Popular al Senado por Palencia. Domínguez había sido señalada en la operación Puerto (2006) como posible cliente de la red de dopaje liderada por el médico canario Eufemiano Fuentes y posteriormente en la operación Galgo (2010), donde llegó a estar detenida, junto a su entrenador, Cesar Pérez, y otra persona de su entorno más próximo, José Alonso Valero, y en la que se le señalaba como parte de un entramado que perseguía lucrarse con la incremento artificial del rendimiento deportivo.

En los registros domiciliarios de esta última operación se encontraron anabolizantes, esteroides, bolsas de sangres y diverso material de laboratorio. Pero entonces en la legislación española estos casos no estaban tipificados como delito. Entraban dentro del genérico «delito contra la salud pública» y para ello había que documentar profusamente que se comerciaba con productos o técnicas ilegales. En marzo del 2012 se dio carpetazo al caso ante la falta de pruebas concluyentes en este sentido.

Con estos antecedentes, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), inmersa en una gran campaña para acabar con las trampas sobre el tartán, solicitó a una comisión de expertos que analizase en profundidad datos de los controles sanguíneos de Marta Domínguez, campeona del mundo en el 3.000 obstáculos en Berlín 2009. El 21 de mayo del 2013, tres meses antes de que Alejandro Blanco defendiese en Buenos Aires el compromiso de España en la lucha frente al dopaje, la Federación Española de Atletismo -de la que Marta Domínguez fue vicepresidenta con Odriozola, este dirigente todavía en el cargo de máximo responsable- recibió el dictamen de la IAAF.

Tras analizar el pasaporte biológico de la senadora, los expertos no albergaban la mínima duda de que había usado métodos prohibidos -los más plausibles, el uso de microdosis de epo y autotransfusiones de sangre- para incrementar sus capacidades físicas. El organismo solicitaba una sanción de cuatro años de suspensión y la retirada de, entre otros títulos, el oro de la capital alemana, el gran logro que ilumina un palmarés excepcional, el que la transformó en una leyenda.

El documento de la IAAF reposó durante unos meses en la sede de la federación española hasta que el 10 de julio del 2013 su Comité de Disciplina Deportiva abría un expediente disciplinario a Marta Domínguez. El hecho en sí no llamó la atención a casi nadie. Era lo esperado. Sin embargo, lo que sorprendió fue la fecha, crucial en una resolución judicial sobre el expediente que se conoció esta semana.

La incoación se producía solo un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 3/2013 del 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, donde España se adaptaba al criterio de la Agencia Mundial contra el Dopaje (AMA) y habilitaba al pasaporte biológico y otros instrumentos similares como tipos válidos de control de dopaje. En la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, no aparecía como infracción a las normas deportivas. Paradójicamente este nuevo texto era trascendental para que Madrid pudiese mantener intactas sus opciones en la vertiginosa carrera para albergar unos Juegos Olímpicos.

Después de la apertura del expediente, la federación se dedica a ganar tiempo. Remite el expediente al Comité Español de Disciplina Deportiva, del Consejo Superior de Deportes (CSD), para que se haga cargo del caso. El 24 de enero el Comité resuelve la inadmisión del expediente y se lo devuelve a la federación. El 19 de marzo del 2014, hace hoy exactamente un año, el Comité de Disciplina Deportiva de la federación española decidía absolver a Marta Domínguez. No contenta con esta resolución, la atleta recurrió el fallo ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) -antiguo Comité Español de Disciplina Deportiva- para solicitar no solo la absolución, sino la nulidad de los datos biológicos recogidos en el expediente, así como su pasaporte biológico y las pruebas periciales aportada por la IAAF al procedimiento. El 6 de junio el TAD se declara incompetente.

Una maraña legal descomunal

La senadora del Partido Popular inició entonces un contencioso-administrativo contra un órgano adscrito al CSD. La Abogacía del Estado se encargó de defender la postura del TAD, que se basaba en el hecho de que la federación española actuaba en delegación de la IAAF a la hora de resolver este expediente con alcance internacional, más allá de lo doméstico. El pasado 2 de marzo, el titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 dio la razón a Marta Domínguez y obliga al TAD a pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia que es recurrible.

Es solo una parte de la maraña legal en la que ha sumido la atleta su caso, con otros procesos abiertos en la justicia ordinaria, y que todo apunta a que está enfocada a que se le juzgue en casa, donde quizás el terreno sea más benévolo para ella. Por eso no reconoce al TAS suizo, al que recurrió la IAAF ante la pasividad de la federación española a la hora de decidir si la sancionaba o no, y, por eso, tampoco acepta el pasaporte biológico como algo inequívoco. De momento, la balanza se inclina a favor de Marta.

Existen «sospechas del consumo de sustancias prohibidas»

Marta Domínguez vivió sus horas más bajas cuando fue detenida en el marco de la operación Galgo. Las imágenes de los registros domiciliarios y su presencia en los juzgados deterioraron su posición como icono del deporte español. «Examinadas las actuaciones llevadas acabo por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y el análisis efectuado respecto a la conducta de Marta Domínguez, se observa una suerte de confusión entre las conductas sancionables en el ámbito deportivo y las conductas penales, pues efectivamente lo que se pone de manifiesto es que Marta Domínguez fuese consumidora de sustancias prohibidas en el deporte, lo que daría lugar a una sanción en dicho ámbito, pero nunca a una imputación penal», razonaba la magistrada del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez, que se encargó de evaluar la legitimidad de las escuchas telefónicas de los investigadores en este caso.

Pese a estos indicios, los apoyos hacia la senadora no aflojaron. Ella siempre recalcó su inocencia. Y su senda en la política no paró de crecer.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
1 votos
Comentarios

La senadora no tiene quien le tosa