La senadora no tiene quien le tosa

Antón Bruquetas Serantes
antón bruquetas REDACCIÓN / LA VOZ

DEPORTES

MANUEL H DE LEON

Tras un año de su absolución en España por dopaje, Marta Domínguez logra nuevas resoluciones a su favor

19 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El 7 de septiembre del 2013, en un hotel de Buenos Aires, Madrid despertaba de su último sueño olímpico. Tokio se había impuesto con autoridad en la carrera por organizar los Juegos. La capital de España ni siquiera había superado el corte. Una pregunta sobre la operación Puerto y la destrucción de las bolsas de sangre que habían aflorado durante el proceso hizo tambalear la intentona que había nacido con Gallardón y perpetuó Ana Botella. «España está a la altura de los países que más luchan contra el dopaje, no solo en el número de controles, sino por el compromiso del Gobierno y de los atletas», replicó desde la tribuna el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, aquella noche. Meses más tarde, Blanco reconocía que la operación Puerto era «difícil de explicar» y «una herida para la credibilidad de nuestro país y que tardará en cicatriz».

Casi dos años antes, en octubre del 2011, Mariano Rajoy, a punto de llegar a la presidencia del Gobierno, anunciaba que la mejor atleta española de todos los tiempos, Marta Domínguez (Palencia, 1975), sería la candidata del Partido Popular al Senado por Palencia. Domínguez había sido señalada en la operación Puerto (2006) como posible cliente de la red de dopaje liderada por el médico canario Eufemiano Fuentes y posteriormente en la operación Galgo (2010), donde llegó a estar detenida, junto a su entrenador, Cesar Pérez, y otra persona de su entorno más próximo, José Alonso Valero, y en la que se le señalaba como parte de un entramado que perseguía lucrarse con la incremento artificial del rendimiento deportivo.

En los registros domiciliarios de esta última operación se encontraron anabolizantes, esteroides, bolsas de sangres y diverso material de laboratorio. Pero entonces en la legislación española estos casos no estaban tipificados como delito. Entraban dentro del genérico «delito contra la salud pública» y para ello había que documentar profusamente que se comerciaba con productos o técnicas ilegales. En marzo del 2012 se dio carpetazo al caso ante la falta de pruebas concluyentes en este sentido.

Con estos antecedentes, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), inmersa en una gran campaña para acabar con las trampas sobre el tartán, solicitó a una comisión de expertos que analizase en profundidad datos de los controles sanguíneos de Marta Domínguez, campeona del mundo en el 3.000 obstáculos en Berlín 2009. El 21 de mayo del 2013, tres meses antes de que Alejandro Blanco defendiese en Buenos Aires el compromiso de España en la lucha frente al dopaje, la Federación Española de Atletismo -de la que Marta Domínguez fue vicepresidenta con Odriozola, este dirigente todavía en el cargo de máximo responsable- recibió el dictamen de la IAAF.

Tras analizar el pasaporte biológico de la senadora, los expertos no albergaban la mínima duda de que había usado métodos prohibidos -los más plausibles, el uso de microdosis de epo y autotransfusiones de sangre- para incrementar sus capacidades físicas. El organismo solicitaba una sanción de cuatro años de suspensión y la retirada de, entre otros títulos, el oro de la capital alemana, el gran logro que ilumina un palmarés excepcional, el que la transformó en una leyenda.

El documento de la IAAF reposó durante unos meses en la sede de la federación española hasta que el 10 de julio del 2013 su Comité de Disciplina Deportiva abría un expediente disciplinario a Marta Domínguez. El hecho en sí no llamó la atención a casi nadie. Era lo esperado. Sin embargo, lo que sorprendió fue la fecha, crucial en una resolución judicial sobre el expediente que se conoció esta semana.

La incoación se producía solo un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 3/2013 del 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, donde España se adaptaba al criterio de la Agencia Mundial contra el Dopaje (AMA) y habilitaba al pasaporte biológico y otros instrumentos similares como tipos válidos de control de dopaje. En la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, no aparecía como infracción a las normas deportivas. Paradójicamente este nuevo texto era trascendental para que Madrid pudiese mantener intactas sus opciones en la vertiginosa carrera para albergar unos Juegos Olímpicos.

Después de la apertura del expediente, la federación se dedica a ganar tiempo. Remite el expediente al Comité Español de Disciplina Deportiva, del Consejo Superior de Deportes (CSD), para que se haga cargo del caso. El 24 de enero el Comité resuelve la inadmisión del expediente y se lo devuelve a la federación. El 19 de marzo del 2014, hace hoy exactamente un año, el Comité de Disciplina Deportiva de la federación española decidía absolver a Marta Domínguez. No contenta con esta resolución, la atleta recurrió el fallo ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) -antiguo Comité Español de Disciplina Deportiva- para solicitar no solo la absolución, sino la nulidad de los datos biológicos recogidos en el expediente, así como su pasaporte biológico y las pruebas periciales aportada por la IAAF al procedimiento. El 6 de junio el TAD se declara incompetente.