El vicepresidente de la Liga solicitó sin motivo prisión preventiva para directivos de la federación y fue condenado a pagar las costas
25 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Javier Tebas Medrano, vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha sufrido un severo reproche penal por parte de la magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Josefina Molina Marín. En el auto dictado el 19 de mayo de 2006, se dice que «la pretensión esgrimida por la acusación particular en el estado actual de la investigación judicial, resulta infundada, por lo que se hace merecedora por su evidente temeridad de la imposición de las costas de este trámite procesal». La historia se inicia cuando la LFP, por medio de Tebas, se persona en la causa contra determinados directivos de la Federación Española de Fútbol. Desde hace casi tres años, el vicepresidente de la Liga inició una cruzada contra Ángel María Villar y su equipo, presentando en el juzgado abundante documentación contra los administradores de la federación. Entre estos documentos se encontraron algunas falsificaciones, como una nómina del presidente por la que pretendía probarse que cobraba un determinado salario cuando lo cierto es que Villar jamás ha estado en nómina de la entidad federativa. Por aquel entonces, Tebas justificó la existencia de pruebas falsas aduciendo que «eran papeles que le dejaban en el buzón de su casa». En su obsesiva conducta contra la federación, Tebas solicitó la prisión preventiva para Juan Padrón y José María Castillón, vicepresidente económico y administrador general de la federación, respectivamente, tras conocerse un Anteproyecto de Informe del Tribunal de Cuentas que revelaba anomalías en la contabilidad federativa y que aún hoy se encuentra en fase alegaciones. La magistrada explica en el auto que no se dan las condiciones para la aplicación de la prisión preventiva a dos personas de 72 años y recuerda al acusador que ni hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la labor de la justicia ni de causar daños a los presuntos damnificados. El reproche penal a Tebas deja claro la «evidente temeridad» de su actuación que, por otra parte, no esconde sino la clara instrumentalización de la justicia para airear una solicitud de prisión que conllevaría necesariamente una enorme alarma social. Esta conducta resulta habitual en el conflicto que mantiene la candidatura derrotada en las últimas elecciones a la federación sin que hasta la fecha se haya pronunciado ningún juzgado en contra de los actuales directivos federativos.