Juan Maceiras, exalcalde de Miño acusado de prevaricación administrativa: «Espero que la Fiscalía investigue así al 90% de los concellos de Galicia»

Juan Maceiras Barros fue regidor de Miño entre el 2003 y el 11 de enero del 2013. Alejado de la política desde entonces, se enfrenta a un delito continuado de prevaricación administrativa en sus años de alcalde, por el que la Fiscalía solicita una inhabilitación especial de diez años para cualquier empleo público y cargo público electivo.

La noticia, reconoce, lo ha cogido por sorpresa. «Solo espero que investigue así al 90 % de los concellos de Galicia que tienen prorrogados los contratos. Si eso es un problema para la Fiscalía, que actúe de oficio. En el momento actual, más del 75 % de los concellos de Galicia tienen los contratos prorrogados», responde por teléfono. El expolítico del PPdeG resume así los cargos por los que lo acusa la Fiscalía de A Coruña, vinculados a contratos expirados que no impidieron que las empresas concesionarios siguiesen prestando servicios para el Concello. «En Miño, que la secretaria en aquel entonces sacara a concurso un contrato, pues no era fácil», expone. Y añade: «Cuando se levantaban los reparos, el interventor nos decía que no había problema. Porque yo y los demás de esto no sabemos».

Maceiras pone un ejemplo, uno de los casos investigados. «La prórroga de un contrato de un conserje, ¿por qué lo prorrogamos? Pues mira, si te viene el colegio y te dice si se puede mantener al mismo conserje porque ya conoce a los niños, porque no sé qué... ¿Qué vas a hacer? ¿A quién beneficias o a quién perjudicas con mantener un contrato de un conserje? Yo ni lo conocía, personalmente», remarca el exregidor del PP. 

«En el contrato de limpieza del centro social de A Rúa -continúa-, si hacíamos un contrato nuevo, primero, nos iba a dar más problemas. Las personas que estaban con ese contrato de limpieza tenían ya un un contacto directo con la gente de allí, con las personas mayores del local social. Con el contrato de limpieza, pues lo mismo. Si acababa el contrato y lo prorrogamos, pues teníamos las calles limpias. En todo caso, no considero que se haya perjudicado al Concello en la prórroga de los contratos», sostiene Maceiras.

El ministerio público pide la misma condena para el que fue su sucesor en el despacho de la alcaldía, Jesús Veiga (regidor entre el 2013 y el 2015) y para una concejala. Para estos dos últimos añade otro delito mayor: prevaricación administrativa continuada en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos por el contrato con la firma Dibujo y Gestión Catastral. Por eso, el Ministerio Fiscal pide para Veiga y la edila más de 5 años de prisión y más de diez de inhabilitación absoluta.

«Quiero esperar a estudiar bien la acusación antes de hacer declaraciones. Esto ha sido una sorpresa, y un disgusto para mí y para mi familia. Estoy jubilado y llevo más de ocho años alejado de la política», se limita a responder Jesús Veiga, regidor de Miño, bajo las siglas del PPdeG, durante dos años, entre el 2013 y el 2015.

Sobre este asunto, que Maceiras desvincula de la promoción de Fadesa, Juan Maceiras expone: «Desde la época de mi antecesor había un señor que trabajaba en el catastro y que se dedicaba a hacer para la gente del Concello trabajos buscando montes, localizándolos. Siempre cumplió bien el trabajo y se le pagaba por ello. Entonces, este señor se jubiló y, cuando se jubiló, no había manera de pagarle a este hombre el trabajo realizado. Y, bueno, pues en el Concello hicieron, después de irme yo, una cosa que puedo entender que no está bien, pero de ahí a perjudicar al Concello... yo, por lo menos, no lo veo así». 

Escrito de calificación

Según el escrito de calificación dirigido al juzgado de Instrucción Número 1 de Betanzos, los exalcaldes Maceiras Barros (regidor entre el 2003 y el 11 de enero del 2013) y Jesús Veiga Sabín (regidor entre el 11 de enero del 2013 y hasta el 13 de junio del 2015) y una exconcejala (edila desde el año 2003 y hasta el 13 de junio del 2015 y que es citada como «concejala delegada» en varias partes del escrito) permitieron durante años la prestación de servicios públicos —como limpieza de colegios y edificios municipales, mantenimiento de jardines y del campo de fútbol, o servicios de conserjería— sin contratos en vigor ni procedimientos de contratación, ignorando de «forma reiterada», esgrime el ministerio fiscal, los informes de reparo y suspensión emitidos por la Intervención municipal. Pese a las advertencias técnicas, «los responsables políticos levantaron los reparos y autorizaron el pago de facturas de manera continuada».

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