La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para dos exalcaldes de Miño y para uno de ellos pide además 5 años de prisión
MIÑO
A ambos se les acusa de prevaricación y a uno de ellos, junto a una concejala, de malversación de caudales públicos
09 ene 2026 . Actualizado a las 20:35 h.La Fiscalía de A Coruña solicita la apertura de juicio oral contra dos exalcaldes de Miño y una exconcejala por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, además de acusar a uno de los exregidores y a la exedila de otro de malversación de caudales públicos, en relación con la gestión de varios contratos municipales entre el 2004 y el 2015.
Según el escrito de calificación dirigido al juzgado de Instrucción Número 1 de Betanzos, los exalcaldes Maceiras Barros (regidor entre el 2003 y el 11 de enero del 2013) y Jesús Veiga Sabín (regidor entre el 11 de enero del 2013 y hasta el 13 de junio del 2015) y una exconcejala (edila desde el año 2003 y hasta el 13 de junio del 2015 y que es citada como «concejala delegada» en varias partes del escrito), permitieron durante años la prestación de servicios públicos —como limpieza de colegios y edificios municipales, mantenimiento de jardines y del campo de fútbol, o servicios de conserjería— sin contratos en vigor ni procedimientos de contratación, ignorando de «forma reiterada», esgrime el ministerio fiscal, los informes de reparo y suspensión emitidos por la Intervención municipal. Pese a las advertencias técnicas, «los responsables políticos levantaron los reparos y autorizaron el pago de facturas de manera continuada».
Los inculpados son los dos regidores del PPdeG en Miño entre el 2003 y el 2015, Juan Antonio Maceiras Barros y Jesús Veiga Sabín. El primero, Maceiras, se enfrenta únicamente a una condena de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía también acusa a Veiga y a la exconcejala de un delito de prevaricación en concurso con malversación, al considerar que la empresa Dibujo y Gestión Catastral siguió facturando y cobrando más de 28.000 euros tras la expiración de un contrato, sin que los trabajos se entregasen en plazo y pese a los informes desfavorables del interventor.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial el próximo día 15.
Contratos citados
El escrito de calificación dirigido al juzgado de Instrucción Número 1 de Betanzos se refiere, en particular, a los siguientes contratos. Un contrato administrativo para la prestación de los servicios de limpieza de la Agrupación Escolar Piñeiro-Miño. Una relación contractual que perdió su vigencia legal en enero del 2010. «No obstante, con grave daño para los intereses de la Administración local, los acusados, Maceiras Barros y Veiga Sabín, durante sus respectivos mandatos como alcaldes, por tanto hasta ya avanzado el año 2015, consintieron con su pasividad que la misma mercantil siguiera prestando idénticos servicios sin la convocatoria de ningún procedimiento de contratación capaz de garantizar la concurrencia competitiva», sostiene.
El otro es un contrato administrativo para la prestación del servicio de limpieza y conserjería en el Centro Sociocultural da Rúa. Es del 2006 y perdió su vigencia legal en el 2010. En el escrito de acusación también figura la contratación provisional para el mantenimiento, la apertura y el riego del campo de fútbol; el contrato de servicios de mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes públicas del Concello de Miño; un contrato administrativo para la prestación de los servicios de conserjería, mantenimiento y limpieza del Pabellón Polideportivo Municipal de Miño; otro del servicio de apoyo a la tramitación de expedientes de alteraciones catastrales de orden físico y económico de bienes inmuebles, así como, la elaboración en soporte digital y papel de un callejero de distintas parroquias y, por último, el contrato de servicio consistente en la determinación de qué entidades constituyen núcleos de población con Dibujo y Gestión Catastral, firmado en el 2013 y cuyo vencimiento fue en el 2014.
Petición de penas
Para el delito continuado de prevaricación administrativa, la Fiscalía solicita para los tres exresponsables del consistorio de Miño diez años de inhabilitación especial para cualquier empleo público y cargo público electivo.
Por el delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación caudales públicos, en lo relativo al contrato de Dibujo y Gestión Catastral, el Ministerio Fiscal pide para el exalcalde Jesús Veiga y para la exedila, como concejala delegada de Servicios Económico-Financieros, en concepto de autores, y en concepto de cooperadora necesaria la empresa, más de 5 años de prisión y más de diez de inhabilitación absoluta.