La adjudicación de la cárcel, la adquisición ilegal de pisos o los contratos a firmantes siguen sin aclararse
30 dic 2018 . Actualizado a las 22:32 h.Las acusaciones de amiguismo contra el gobierno local comenzaron en el 2016. Cobraron fuerza en octubre de aquel año, cuando se hizo público que la concejalía de Rexeneración Urbana había contratado la redacción del proyecto de Alfonso Molina a uno de los primeros 99 firmantes del manifiesto de la Marea Atlántica, el arquitecto y activista Iago Carro, que unos meses antes ya había trabajado para el área de Participación. Desde entonces las sospechas se multiplicaron, al aparecer nuevos contratos a firmantes y detectarse irregularidades en el concurso para adjudicar la gestión de la antigua cárcel y comprar propiedades para vivienda social. Esos dos últimos casos han sido elevados a la Fiscalía por el PP. El de la cárcel ha desembocado en la apertura de diligencias judiciales por un posible delito de prevaricación, en el de los pisos continúan las investigaciones de la Fiscalía.
¿En qué situación está el caso de la antigua cárcel?
El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña acordó en octubre incoar diligencias previas por un presunto delito de prevaricación a raíz de una denuncia de la Fiscalía. Por el momento solo ha declarado la portavoz del PP, Rosa Gallego, que elevó las presuntas irregularidades al ministerio público. La adjudicación de los usos del edificio se produjo en septiembre del 2017. El ganador del concurso público fue Proxecto Cárcere, una entidad en cuyo listado inicial de miembros aparecían tres concejales de la Marea, otros tres candidatos de la lista electoral del 2015, al menos dos asesores del gobierno local, un diputado de En Marea, varias entidades en las que participaron ediles del gobierno, y más de una decena de firmantes, sin contar los antes mencionados, entre ellos un miembro del jurado que valoró las ofertas del concurso. El listado fue retirado de la web poco después de hacerse públicos esos datos y se colgó una nueva relación «actualizada», según afirmó la entidad. En esa lista había al menos 13 nombres que coincidían con los de firmantes del manifiesto.
El gobierno local siguió adelante desoyendo las críticas, y en agosto de este año permitió la apertura del edificio para el desarrollo de actividades socioculturales. Solo se pudo emplear una mínima parte, ya que las obras para reparar el inmueble fueron insuficientes y, según los informes de los técnicos municipales, persistía el riesgo de derrumbes en varias zonas del edificio.
En noviembre, la Xunta denegó permiso al Ayuntamiento para instalar una rampa de entrada. El informe de Patrimonio subrayaba la falta de seguridad del inmueble, a la vista de los propios informes municipales que destacaban «graves deficiencias». Además, el Ayuntamiento no había tramitado el cambio de usos del edificio, a pesar de que la Xunta le había advertido en junio, antes de la apertura, de que debía cumplimentar ese trámite.
Este mismo mes, ante los problemas para desarrollar sus actividades, que según los técnicos en algunas ocasiones se hicieron sin la pertinente comunicación previa, Proxecto Cárcere cerró otra vez las puertas de la prisión.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha invertido, como mínimo, 184.600 euros en el fallido intento de reabrir la cárcel. Cerca de 1.300 euros por día de apertura.
¿Qué ha pasado con la compra de pisos?
El Consello Consultivo ha dictaminado que la compra por 145.865 euros de dos propiedades a Toni Lodeiro, un firmante de la Marea al que el partido reconoció por su colaboración y que en el 2015 entró a trabajar como consultor para el gobierno de Ada Colau en Barcelona, es ilegal y debe ser anulada. Los pisos no cumplían las bases y se produjeron irregularidades en el concurso que concluyó con su adquisición. El gobierno local ha declarado nulas ambas compras, pero se desconoce cuándo recuperará el dinero, ya que el vendedor podría acudir a los tribunales e incluso reclamar una compensación si se concluye que actuó de buena fe. La decisión del equipo de Xulio Ferreiro fue forzada por la oposición, que a la vista de las irregularidades, en las comisiones y plenos convocados por el PP, votó en bloque a favor de que se anulase toda la operación. Los populares también han elevado el asunto a la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación penales y ha solicitado diversa documentación al Ayuntamiento. El gobierno local, que negó las irregularidades y atribuyó las denuncias a una campaña de «infamias», ha rechazado asumir cualquier responsabilidad, pese a que el pleno exigió la dimisión de los ediles Xiao Varela y Alberto Lema, responsables del concurso de adquisición de pisos y de rubricar las escrituras de compra.
¿Cuántos contratos se han dado a firmantes?
Entre los años 2016 y 2017, el gobierno local firmó al menos 74 pagos a particulares que habían firmado el manifiesto de la Marea Atlántica, o a entidades de las que forman parte. En total esos pagos sumaban más de 330.000 euros, aunque ninguno superaba los 20.000 euros, por lo que fueron tramitados como contratos menores. Ese sistema permite adjudicar los contratos de forma discrecional y no requiere publicidad ni concurrencia pública. Su uso había sido muy criticado en los mandatos anteriores, también por partidos como Esquerda Unida, integrada en la Marea.
La mayor parte de esos contratos se tramitaron desde las áreas de Participación y Cultura, y tenían fines diversos como redactar el mapa de distritos, la dinamización juvenil de la Sagrada Familia, o diseño y ejecución de distintas campañas de comunicación. Además de contratos, también se han adjudicado a rubricantes de la Marea subvenciones -como más de 24.000 euros del proyecto Xerminal, entre otras-, y se han situado en puestos destacados en algunos concursos, como el del borde litoral.
Ninguna de esas adjudicaciones ha derivado en investigaciones, aunque la oposición, sobre todo PP y PSOE, sí ha puesto en duda la «ética» de esos trámites.
La defensa del gobierno local ha pasado por sostener que no se puede excluir de esos procesos a personas que hayan firmado un manifiesto. Este año, el listado de firmantes fue depurado para, según el partido, adaptarlo a la normativa de protección de datos. La nueva relación de rubricantes no se ha hecho pública.