El Gobierno dice que el caso coruñés difiere del valenciano al no existir un consorcio, y la oposición reclama un trato igualitario
25 ago 2018 . Actualizado a las 13:57 h.El anuncio del Gobierno de que condonará la deuda de 350 millones de euros que pesa sobre el consorcio que gestiona los antiguos muelles de Valencia, a cambio del apoyo de la Generalitat a ampliar el margen de déficit, ha destapado de nuevo la caja de los truenos sobre el puerto de A Coruña. La polémica por el trato dado a espacios portuarios que, a priori, comparten problemas financieros parecidos está servida.
¿Qué reclama la oposición?
En el damero de intercambios entre Administraciones con gobiernos de dispar color político, el Ayuntamiento coruñés, En Marea, BNG y PP denuncian «agravio comparativo» para con la ciudad y la dársena de A Coruña, que debe 300 millones de los créditos contraídos por las obras del puerto exterior. Piden, por tanto, la condonación de esa deuda. Ayer se sumó el grupo municipal del PP, categórico: «Todos los gobiernos de Estado anteriores dijeron y mantuvieron que no se condonaría deuda a ninguna Administración portuaria, pero el de Pedro Sánchez ha cambiado las reglas, por lo que, de confirmarse lo de Valencia, debería condonar también la del puerto exterior coruñés. Los coruñeses no son menos que los valencianos». También exige al alcalde que se defina sobre «el modelo de copropiedad que le propone la Xunta».
¿Cuál es la situación de los terrenos portuarios de Valencia?
El Consorcio Valencia 2007 se creó en el 2003 para la celebración de la Copa América de Vela mediante un convenio entre Estado (40 %), Generalitat (40 %) y Ayuntamiento (20 %). A través de él se solicitó un crédito ICO de 310 millones de euros para las obras de adaptación del antiguo puerto, aunque inicialmente no para actividad comercial, sino para regatas y eventos deportivos. En el 2013, el Consejo de Ministros aprobó la cesión gratuita de los terrenos y bienes de la vieja dársena a la ciudad, y anunció que serían otorgados al Consorcio Valencia 2007 mediante una concesión para la gestión y explotación por 35 años. La transferencia de la superficie, se dijo entonces, servía de garantía para reestructurar los créditos y, además, abría «una oportunidad única para diseñar la fachada marítima», coincidieron las Administraciones implicadas. La Marina valenciana, de un millón de metros cuadrados, cuenta hoy con 71 concesiones y autorizaciones.
¿Y la de A Coruña?
En A Coruña no existe un consorcio. Fue una de las fórmulas propuestas por el alcalde, Xulio Ferreiro, para decidir el futuro del borde marítimo bajo la premisa de evitar la venta de los muelles interiores, propiedad del Puerto. La enajenación de Batería, Calvo Sotelo y parte de San Diego fue acordada en el 2004 en Consejo de Ministros (con el plácet del Ayuntamiento) para financiar con Fomento la obra del puerto exterior. Supuso el endeudamiento de la Autoridad Portuaria, que ha ido aplazando el pago del crédito de 100 millones con el Banco Europeo de Inversiones y que en el 2020 deberá comenzar a abonar los 200 millones del préstamo concedido por Puertos del Estado, que depende de Fomento, para las obras.
¿Qué pasos se han dado con los muelles urbanos?
El 18 de abril, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, firmaron un protocolo para el desarrollo de los muelles urbanos. El Gobierno autonómico se comprometió a pagar 20 millones para hacerse con el 51 % de Batería y Calvo Sotelo y garantizar «que sigan siendo públicos», así como La Solana, y, en un futuro, adquirir parte de San Diego. Por su parte, el ministro anunció una inversión de Fomento de 130 millones para el tren a Langosteira, a licitar en el primer semestre del 2019. Este aporte es excepcional respecto a otras dársenas, que costearon sus conexiones ferroviarias. El acuerdo reactivó una nueva tormenta política por firmarse sin tener conocimiento el Ayuntamiento.
¿Qué dice el Gobierno sobre la condonación?
Además de recordar las aportaciones ya hechas y las comprometidas por el Ejecutivo central en Langosteira, sobre la posibilidad de que se condone la deuda al Puerto coruñés la Delegación del Gobierno en Galicia precisó ayer que el acuerdo con Valencia permitió «financiar unas infraestructuras que se hallan en terrenos del puerto de Valencia pero que no pertenecen a la Autoridad Portuaria». De hecho, ese puerto acumula deudas por obras, como sucede con Langosteira, que nadie plantea condonar. La Delegación del Gobierno en Galicia pone como ejemplo actuaciones como las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza, «que se financiaron a través de un consorcio» y también con créditos del banco público. Un consorcio «a través del que se gestionan esas infraestructuras en Valencia» y que no existe en el caso de A Coruña. Condonar la deuda por Langosteira supondría hacerlo también por obras de otros puertos, como por ejemplo Gijón.
¿Y la Autoridad Portuaria?
Por ahora, guarda silencio. Aunque parece obvio que ningún organismo endeudado desdeñaría una condonación tan jugosa, permanece a la expectativa ante el cambio de Gobierno. De la estrategia de equilibrios entre Administraciones y partidos dependen decisiones relevantes para el Puerto y el desarrollo de la ciudad, de ahí que se midan las estrategias. Está por ver si después del cambio de Gobierno se mantiene la inversión prometida en abril por Fomento. Sin ella, el tren a Langosteira seguirá siendo solo una promesa... incumplida.