En estos últimos días es tema de actualidad una vieja e histórica reivindicación ciudadana, como es la gratuidad de la AG-55, la autopista Coruña-Carballo, en su día autovía de libre peaje, construida con fondos públicos y posteriormente reconvertida en autopista de peaje, con argumentos políticos de fondo, inconfesables, que para el ciudadano de a pie le sonó a música celestial, al margen de infinidad de promesas incumplidas, por los respectivos responsable políticos de turno en aquella época.
Galicia es la gran maltratada por los poderes públicos -gobierno central y autonómico- en los viales de pago de nuestro país. La AP-9 que vertebra Galicia por su área de mayor influencia y población, es de las más caras de España, siendo la única alternativa a la N-550 y que para la seguridad vial representa una auténtica amenaza, estando totalmente amortizada y sorprendentemente renovada su concesión hasta el año 2047, sin causa objetiva que lo justifique.
Esta concesión administrativa que genera cuantiosos beneficios al capital norteamericano adjudicatario, supone al mismo tiempo un auténtico abuso de poder con la complicidad de las Administraciones Públicas.
La AG-55 es el vial de pago alternativo a la AC-552, cuya densidad de tráfico y riesgo para la seguridad vial en tramos como Meicende, Vilarrodís, Arteixo, Lañas, Paiosaco, A Laracha, Bértoa, Carballo, etc., resultan inasumibles para el desarrollo económico presente y futuro de esta comarca.
Al actual presidente de la Xunta, el sector del transporte de mercancías por carretera, representado por el Comité Gallego de Transportes, le han solicitado una reunión en el 2013, sin que a día de hoy haya tenido respuesta. Los peajes en las autopistas de Galicia, el precio de los carburantes (aquí los más caros de España); los aparcamientos disuasorios para transporte de mercancías; el impuesto de Hidrocarburos... Son en definitiva muchos los grandes problemas que la ciudadanía y el transporte de mercancías por carretera reclaman de los poderes públicos, por tanto, nos mantenemos expectantes tanto por la nueva configuración del Gobierno Central, como por la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas.
Antonio Señaris es presidente de la Asociación Gallega de Empresarios del Transporte