Medio centenar de jueces y fiscales se manifiestan en A Coruña en contra de la reforma del acceso a la profesión
A CORUÑA
Exigen la retirada de las iniciativas legislativas impulsadas por el PSOE, que afianzarían a 1.300 sustitutos y aumentarían las competencias del fiscal general del Estado
12 jun 2025 . Actualizado a las 14:56 h.Medio centenar de jueces y fiscales, en representación del 80 % de la plantilla de A Coruña, según las asociaciones convocantes, secundaron este mediodía en la puerta de los juzgados el paro convocado en toda España en contra del proyecto de ley que modificará el acceso a las carreras judicial y fiscal, y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Los manifestantes, que no descartan ir a la huelga en caso de que ambas iniciativas, impulsadas por el Gobierno, sigan adelante, ponen de relieve «la amenaza a la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea», apuntó Margarita de Ron, titular del Juzgado de Instrucción número 3 y miembro de la APM, una de las cuatro asociaciones que convocan la protesta, de la que se desmarcaron las progresistas JPD y UFD.
«Poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere convertir en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando», recoge el comunicado.
El proyecto de ley, tramitado por vía de urgencia «sin demanda social alguna», consideran, ha recibido un informe técnico «muy crítico» por parte de la Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su aprobación implicaría «rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso» a la profesión, eliminando «contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
El texto, subrayan, «mete la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» y pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Sobre la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal, los participantes cuestionan el aumento de la competencias del fiscal general del Estado, que «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún filtro previo», lo que incrementará «el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, exigió a la alcaldesa, Inés Rey, que presione al Gobierno del Estado para que no elimine el juzgado de instrucción previsto A Coruña para ampliar la dotación de plazas de jueces de violencia sobre la mujer. «Ampliar estas plazas es necesario, más cuando desde octubre tendrán que asumir los casos de violencia sexual, pero no a costa de suprimir otro tipo de juzgados sobrecargados de trabajo como son los de instrucción», aseguró.