La Marea amaga con frenar el pago del sobrecoste de su obra estrella en Riazor

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA

A CORUÑA

ANGEL MANSO

Iago Martínez exige aclarar responsabilidades por el proyecto que ejecutó su gobierno y que costó 943.774 euros más de los previsto

27 jul 2019 . Actualizado a las 22:08 h.

La Marea Atlántica amaga con no respaldar el pago de los 943.774 euros de sobrecoste de la reforma de las cubiertas del estadio de Riazor, la obra estrella de su etapa al frente del gobierno local.

El viceportavoz de esa formación, Iago Martínez, afirmó que «non se debe asumir un sobrecusto do 12 % sobre o total da obra de Riazor sen aclarar antes as responsabilidades, e o goberno non está a xustificar debidamente por que é o Concello e non a empresa adxudicataria do proxecto e a obra quen debe facerse cargo deste incremento».

La Marea se abstuvo en la comisión de Hacienda, a la «espera dos pasos que poida dar o executivo nos vindeiros días». También el PP está pendiente de que los socialistas faciliten más información sobre el sobrecoste, de lo contrario presentarían una enmienda al entender que no debería asumirlo el Ayuntamiento.

Gestión de la obra. Máxima prioridad

La obra del estadio se desarrolló de forma íntegra bajo el gobierno anterior de la Marea Atlántica, que planteó, licitó y ejecutó la reforma, a la que dio «máxima prioridade» en sus órdenes internas. Además recibió los informes que indicaban y justificaban el sobrecoste.

El 20 de marzo, la dirección facultativa emitió la certificación final de las obras, con la conformidad del inspector municipal y de la empresa adjudicataria.

A la vista del sobrecoste de 943.774 euros, que eleva el precio total de la obra de 7,2 a más de ocho millones de euros, el servicio de Deportes solicitó un informe que explicase lo ocurrido.

Como consecuencia, la dirección facultativa de la obra emitió un acta de medición general (22 de abril), una certificación final a cuenta de liquidación con explicaciones sobre el aumento de coste (25 de abril), y un documento que analizaba la posible existencia de errores en el proyecto redactado por la adjudicataria (2 de mayo). Además, la inspección municipal redactó un informe propio (3 de mayo).

Esos informes, además de la factura del sobrecoste, que data del 21 de marzo, fueron emitidos durante el gobierno de la Marea Atlántica, que no hizo pública la existencia de las dificultades.

Papel del nuevo gobierno. Análisis de detalle

Eran vísperas de las elecciones municipales, que se celebraron el 26 de mayo. El asunto quedó en manos del nuevo gobierno socialista, que cuatro días después de tomar posesión, el 19 de junio, solicitó un nuevo informe ampliatorio desde el área de Deportes sobre las causas del sobrecoste. Fue emitido este miércoles por la dirección facultativa de la obra, y cuenta con la conformidad del inspector municipal, que continúa siendo, como en el caso de Deportes, el mismo funcionario que con el gobierno anterior.

Dictamen de los técnicos. Falta de información

La conclusión del inspector, el arquitecto municipal supervisor de los trabajos, es que «las desviaciones introducidas en las mediciones realmente ejecutadas de las unidades de obra», que explican el sobrecoste, «están debidamente justificadas en la labor que debe realizar la dirección facultativa para garantizar la correcta ejecución de los trabajos».

Explica además que esas desviaciones se ejecutaron «en cumplimiento (...) de los requisitos de seguridad estructural a los que la nueva cubierta debe dar respuesta, no debiéndose a errores o vicios ocultos del proyecto».

Tanto él como la dirección facultativa mantienen el criterio que tenían en mayo, bajo el gobierno de la Marea, y en sus análisis concluyen que las desviaciones -y por tanto el aumento del coste- no son consecuencia del proyecto redactado por la empresa, sino que tienen tres causas principales: la ampliación del plazo de la obra, que pasó de 90 a 199 días tras cuatro prórrogas que fueron autorizadas por el gobierno local; «la falta de definición de algunos elementos» en el anteproyecto que redactó el Ayuntamiento, y finalmente el «mayor detalle» con el que se pudieron estudiar las soluciones estructurales en la ejecución de la obra.

El inspector añade que la documentación facilitada por el Ayuntamiento a la empresa «no permitía disponer de un conocimiento completo y detallado» de la estructura, y explica que la falta de tiempo impidió contratar un apoyo a la supervisión de la obra como planteaba la empresa.

Máxima prioridad sin datos para la empresa encargada

Los informes técnicos incluyen un correo del 12 de febrero del 2017 del anterior edil de Urbanismo, Xiao Varela, a siete altos cargos municipales en el que insiste en que el proyecto de Riazor tiene la «máxima prioridade», y da solo dos meses para redactar el anteproyecto. Los mismos informes técnicos señalan que la empresa «no disponía» de información completa de elementos de Riazor «por plazo y dificultad técnica».

El gobierno local garantiza que solo se pagará la factura cuando los técnicos validen la reforma

El gobierno local insistió en que solo se abonará el sobrecoste cuando los técnicos municipales validen la obra, como ya indicó cuando conoció la existencia de la factura. En ese momento también inició los trámites para abonar los 943.774 euros en caso de que sea necesario. Cabe señalar que el recibo fue conformado por el ejecutivo local anterior, por lo que afecta al plazo de pago a proveedores y a la posibilidad de hacer inversiones con remanentes de años anteriores.

Al mismo tiempo, la concejalía de Hacienda, que dirige José Manuel Lage, ha abierto una investigación para determinar si el abono corresponde al Ayuntamiento. De ese procedimiento derivan los informes emitidos este miércoles y que, como los emitidos con el gobierno anterior, dan conformidad a la factura.

El gobierno local añadió que se ha dejado en manos de los técnicos de Deportes, Urbanismo, Oficina Presupuestaria e Intervención Municipal la validación del expediente, y el propio concejal ha subrayado su «máxima confianza na profesionalidade dos servizos técnicos municipais».