La Marea reactiva la anulación que dejó caducar de uno de los pisos

Inició el proceso cuando el pleno le obligó a revisar los que había adquirido a su afín


a Coruña

El 10 de abril del 2018, el pleno se reunió de forma extraordinaria para tratar el polémico concurso de compra de vivienda pública tramitado por el gobierno local. De los seis pisos comprados en esa convocatoria, por los que se pagaron 383.000 euros, cinco están en proceso de anulación por no cumplir las bases.

Aquel pleno extraordinario se celebró por exigencia del PP. El alcalde, Xulio Ferreiro, no la convocó dentro del plazo reglamentario, sino que tuvo que ser el secretario el que le pusiese fecha.

La sesión no llegaba con buenos augurios para el gobierno local, que durante semanas había negado una y otra vez cualquier irregularidad en el citado concurso, calificando las denuncias de la oposición de «infamias».

En las comisiones previas, también celebradas a instancias del PP, los grupos de la oposición pusieron sobre la mesa una larga serie de contradicciones entre las bases del concurso y dos de las viviendas adquiridas en el mismo, que habían sido vendidas al Ayuntamiento por Toni Lodeiro, un firmante del manifiesto de la Marea Atlántica que percibió 145.865 euros por ellos. Ante esas evidencias, el gobierno local cambió su discurso y, de negar cualquier problema en un proceso que calificaba de «exemplar», pasó a admitir posibles errores que atribuyó a los técnicos.

Todo indicaba que el pleno obligaría al ejecutivo de Xulio Ferreiro a enviar todo el expediente al Consello Consultivo para que fuese revisado y anuladas las compras irregulares. Pero antes del arranque de la sesión se convocó una junta de gobierno en la que se puso en marcha la revisión de la compra de dos pisos en base a un informe firmado por Marta García, directora de asesoría jurídica, un cargo que nombra de forma discrecional el alcalde.

El informe planteaba que se revisase la compra de uno de los pisos del afín a la Marea ubicado en la calle Joaquín Martín Martínez. Era el de menor valor de los dos -54.575 euros- y el que más posibles irregularidades presentaba -diez- según la oposición.

La calle Barrera

Proceso por «dúbidas». La otra propiedad que la Marea planteó devolver no había sido polémica hasta entonces. Se trata de un tercero en el número 30 de la calle de la Barrera por el que se pagaron 69.230 euros. El informe jurídico dice que planteaba «dúbidas» porque su informe ITE era negativo, aunque ese no era un requisito de las bases.

La aparición de esas «dúbidas» fue uno de los argumentos que esgrimió el gobierno local frente a la oposición para negar que hubiese trato de favor, sino que solo se habían producido errores.

La decisión del pleno

Todo a revisión. En todo caso, la oposición votó a favor de que se revisasen las dos propiedades vendidas por el afín al Ayuntamiento, tanto la de Joaquín Martín Martínez como la de la calle Santander, por la que se habían pagado 91.290 euros y en la que habían denunciado al menos tres contradicciones con las bases.

El gobierno local no quería revisarla pero, forzado por el pleno, tuvo que elevar también esa compra al Consello Consultivo.

El Consello Consultivo

Dos compras ilegales. El procedimiento siguió su curso, y no fue favorable a las tesis del gobierno local. En septiembre del 2018, el Consello Consultivo emitió dos dictámenes en los que confirmaba la nulidad de los pisos de las calles Joaquín Martín Martínez y Santander, corrigiendo así al ejecutivo de la Marea Atlántica y a la asesoría jurídica.

La institución autonómica señaló además que: «Tampouco nos parece unha boa práctica solicitar con posterioridade á valoración da Comisión informes ‘ad hoc’ a través dos que encaixar no concurso un eventual incumprimento das bases», en referencia a los análisis encargados por el ejecutivo local a posteriori para justificar las compras.

El asunto fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por el PP, pero el Ministerio Público decidió no denunciar.

El piso olvidado

Proceso caducado. Sin embargo, el Consultivo no emitió ningún informe sobre la posible nulidad de la compra de la calle Barrera. El motivo es que nunca se lo enviaron. El gobierno informó a sus antiguas propietarias de que había iniciado el proceso para anular la compra, ellas presentaron alegaciones el 6 de junio, y el proceso quedó parado.

El pasado 15 de marzo, el proceso se declaró caducado, al pasar más de seis meses sin una resolución definitiva. Sin embargo, ese mismo día 15, mientras se cerraba un proceso se abrió otro con el mismo fin de anular la compra. El motivo es que el gobierno habría detectado otra posible causa de nulidad a raíz de los dictámenes de septiembre del Consello Consultivo. Según esa institución la compra del piso de la calle Santander es nula porque incumplía el apartado de las bases que ordenaba que las propiedades deben tener dos huecos a la calle, tal y como había señalado la oposición. Esa circunstancia también podría afectar al piso de la calle de la Barrera, de ahí que se inicie un nuevo proceso.

Paradójicamente, se trata de la misma causa de nulidad que ni el gobierno local ni su asesoría jurídica veían suficiente cuando la oposición denunció que afectaba al piso del afín a la Marea.

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