El gobierno local presentó la compra de pisos como la solución al problema de vivienda tras no alcanzar la renta social la demanda prevista y rebajar el programa a 400.000 euros en el 2017
16 sep 2018 . Actualizado a las 14:34 h.El plan de compra de vivienda social fue presentado en el 2017 como la medida estrella del gobierno local. La Marea lo convirtió en el estandarte de su gestión para garantizar el derecho a una vivienda digna. El plan eclipsó a la renta social, la gran apuesta de la campaña electoral, lastrada por una demanda muy inferior a la prevista. Según los últimos datos, la reciben 216 familias, cuando se calculó que serían un millar. En el 2017 se invirtieron en ella menos de 400.000 euros, cuando iban a ser tres millones.
Pero el nuevo plan estrella se ha desplomado. Aguantó mientras el gobierno local mantuvo fuera de la vista del público la documentación. Pero cuando se conoció el expediente se vio obligado a admitir las irregularidades que había negado durante meses, y que han colapsado el proceso.
El plan ha resultado, en palabras de su principal impulsor, el edil de Rexeneración Urbana Xiao Varela, «un fracaso». El gobierno local lo había presupuestado en 1,26 millones con los que pensaba adquirir diez viviendas y dos edificios. Pero al final solo se compraron seis pisos, y cinco de ellos aquejados de irregularidades que probablemente obligarán a rectificar toda la operación.
El resultado, un año y cuatro meses después de que arrancase el proceso, es que se ha adquirido un piso sin dudas legales por 64.672 euros. Esa es toda la aportación del ejecutivo de la Marea al parque de vivienda municipal, que con sus más de 403 inmuebles habrá crecido cuando acabe el mandato menos de un 0,25 %.
Todo ello en una ciudad en la que el precio de la vivienda alcanzó en primavera los 2.100 euros el metro cuadrado, con alquileres que superan los 7,5 euros por metro cuadrado y en la que apenas se ha construido: en abril había 200 pisos nuevos en el mercado frente a 4.000 de segunda mano. Mientras, los promotores se han quejado una y otra vez de las trabas que el Ayuntamiento pone a los nuevos proyectos, lo que ha provocado un traslado de las inversiones a municipios limítrofes como Oleiros o Culleredo, y también a ciudades como Vigo.
Por otra parte, el gobierno local, contraviniendo la decisión del pleno y las recomendaciones de la Valedora do Pobo, ha rechazado sumarse al Programa de Vivendas Baleiras de la Xunta, que pretende facilitar el uso social de los pisos vacíos para paliar los desahucios, y al que se han unido más de 50 ayuntamientos, entre ellos los de Ourense y Santiago, gobernado por Compostela Aberta, otra de las mareas.
Tampoco se ha facilitado la construcción por la Xunta de un edificio de 40 viviendas sociales en el Ofimático. La Administración autonómica logró que el Ayuntamiento le concediese licencia para esa obra el pasado 4 de julio, 19 meses después de haberla solicitado por primera vez. El Ayuntamiento tampoco ha construido las 100 viviendas que prometió allí en el 2016.
En esa misma zona, el Ofimático, cerca de 200 familias de cooperativistas esperan a que el gobierno local les conceda las licencias de primera ocupación para poder entrar en sus viviendas.
Los trámites arrastran un enorme retraso en este mandato, ya que según el protocolo que el equipo de Ferreiro firmó con la Xunta y los promotores, las licencias se tendrían que haber dado en verano del 2017, tras rematar unas obras de urgencia que iban a acabar en aquella primavera, pero que no estuvieron listas hasta el pasado 1 de agosto. No hay fecha para el resto del polígono.
Una fuga de credibilidad
La implosión del plan estrella, además de dejar sin efectos tangibles las nuevas políticas de vivienda, también ha afectado a la credibilidad del gobierno local.
Pese a su promesa de transparencia total, el ejecutivo que lidera Xulio Ferreiro negó durante meses que hubiese cualquier irregularidad, acusando a la oposición y los medios que las hicieron públicas de orquestar una campaña de «difamación» contra él y su equipo. El Consello Consultivo ha corroborado esas denuncias, y ha obligado a anular la compra de dos viviendas.
Se trata de dos inmuebles ofertados por Toni Lodeiro Zas, un firmante del manifiesto de la Marea, que en el 2015 empezó a trabajar como consultor en consumo responsable para el gobierno de Ada Colau en Barcelona, y que ha participado en jornadas políticas con Xulio Ferreiro y otros cargos de Podemos y las mareas. El Ayuntamiento adquirió sus dos propiedades por 145.865 euros, aunque son las que más irregularidades presentan.
Esas circunstancias han disparado las sospechas de la oposición hacia un proceso plagado de anomalías poco usuales en un Ayuntamiento del siglo XXI. El PP habla sin ambages de trato de favor e irá a los tribunales. Los populares, PSOE y BNG exigen responsabilidades. Por ahora solo ha cesado de su puesto de forma voluntaria la funcionaria que presidió la comisión que valoró los pisos. La Marea dice que los ediles implicados no dimitirán.
