Radiografía de la compra irregular de pisos a un afín a la Marea

El equipo de Ferreiro dijo que solo son nulas las violaciones más graves del ordenamiento jurídico

Toni Lodeiro y Alberto Lema
Toni Lodeiro y Alberto Lema

a Coruña / La voz

La decisión del Consello Consultivo de obligar al Ayuntamiento a anular la compra de dos pisos es un hecho excepcional. Basta con leer el informe presentado el pasado 5 de abril por la directora de la asesoría jurídica, Marta García Pérez, en el que escribió dos veces que solo se pueden declarar nulas «las violaciones más graves del ordenamiento jurídico».

En este caso, esas «gravísimas y sustanciales infracciones de la ley», esos «inenmendables vicios», han ocurrido en la adquisición de dos propiedades que ofertó al Ayuntamiento un señalado firmante del manifiesto de la Marea, al que el mismo partido felicitó en la Red por su ayuda.

El concejal que impulsó el concurso público por el que se seleccionaron y adquirieron los pisos, Xiao Varela, dice que es una «coincidencia» e insiste en que se cometieron errores con otras tres propiedades. El PP no le cree. Dice que hubo trato de favor e irá al juzgado. El PSOE evitó tocar el tema semanas, pero a la vista de las «maniobras de ocultación y la campaña de desprestigio» del gobierno contra quienes denunciaron las anomalías, ya no cree en casualidades.

Porque el ejecutivo local hizo oídos sordos a las críticas. Empezó negando cualquier fallo a pesar de que las evidencias se acumulaban. Solo para terminar admitiendo «erros humanos» que atribuye a los funcionarios.

Uno de los pisos comprados al firmante de la Marea está en la calle Santander, costó 91.290 euros y tiene 49,55 metros cuadrados, según el registro de la propiedad, las actas notariales y la escritura de compra. Pero las bases del concurso, firmadas por Xiao Varela, exigían un mínimo de 50 metros. También indicaban que los pisos debían tener al menos dos ventanas a la calle, pero esa propiedad solo tiene una.

La oficina y vivienda irregular

El otro piso, ubicado en la calle Joaquín Martín Martínez, tampoco alcanzaba la superficie mínima con los 47,2 metros útiles indicados en las actas notariales, el registro y las escrituras. Ninguna de sus dos habitaciones tenía los ocho metros cuadrados que exigían las bases. Además, la tasadora lo valoró como una vivienda por orden del Ayuntamiento, pero no lo era ni lo es: está registrado como local comercial.

Durante semanas el gobierno local insistió en que sería reconvertido en vivienda -una obra que pagaría el Ayuntamiento, no el ofertante-. Pero luego se descubrió que nunca podrá ser vivienda porque le faltan dos centímetros de altura al techo para llegar al mínimo requerido por ley.

El gobierno local pagó 54.575 euros por esa «oficina», así aparece en el Catastro, que estaba siendo utilizada como vivienda ilegal, en palabras de Xiao Varela.

El papel de los concejales

Algunas de las citadas discrepancias con las bases se descubrieron después, pero la mayoría -la catalogación como oficina, la insuficiencia de las superficies y otras- están reflejadas en el expediente que instruyó la comisión de funcionarios que valoró los inmuebles presentados. Pese a todo, el proceso siguió adelante.

Concluido el trabajo de la comisión, el edil de Rexeneración Urbana dictó el 6 de octubre del 2017 la resolución para elaborar el listado de inmuebles admitidos. Más tarde, el 19 y el 26 de diciembre, el edil de Emprego, con competencias en Contratación, firmó las resoluciones que autorizaron la celebración de los contratos. Dos días después se elevaron a escritura pública los acuerdos de adquisición. Las escrituras notariales, firmadas por Lema, incluyen las citadas medidas de superficie inferiores a las requeridas, y se indica que la propiedad en la calle Joaquín Martín Martínez está registrada como local comercial. Las resoluciones no fueron publicadas ni en la web ni en los boletines oficiales, y la compra de los pisos se rubricó antes de que finalizase el plazo de 30 días para recurrir.

Esa «ocultación» es uno de los argumentos que ha mencionado la oposición para exigir la dimisión de los dos concejales, que con el respaldo del alcalde y de la Marea, han hecho oídos sordos.

Por ahora, la única dimisión voluntaria la ha presentado la funcionaria que presidió la comisión de valoración. Mientras, el gobierno local ha insistido en responsabilizar de todo lo ocurrido a los servicios municipales.

La presión del entorno de la Marea se centra ahora en la propia directora jurídica. Su informe del 5 de abril descubrió parte de las irregularidades, pero también minimizaba los daños al considerar que solo era necesario anular la compra del piso de la calle Joaquín Martín Martínez. Pero el pleno primero y el Consultivo después rechazaron esa posición. Deben anularse los dos.

Quién es quién

Xulio Ferreiro (alcalde)

Ha intentado que la crisis no le salpique dejando las explicaciones públicas a Varela. Al principio negó cualquier irregularidad y acusó a la oposición y a la prensa de inventarse el caso para atacar a la Marea. Luego defendió que solo uno de los pisos comprados a Lodeiro era irregular. El Consultivo dictó que ambos son irregulares.

Toni Lodeiro (firmante de la Marea)

El gobierno local adquirió los dos pisos que presentó al concurso, pero no cumplían las bases. Cobró por ellos 145.865 euros. Es firmante del manifiesto de Marea y ayudó a organizar el partido, participó en jornadas políticas con Xulio Ferreiro y otros ediles. En el 2015 entró a trabajar como consultor para el gobierno de Ada Colau.

Xiao Varela (Concejal de Urbanismo)

Impulsó el plan de adquisición de viviendas. Firmó las bases del concurso y la resolución para redactar el listado de ofertas admitidas, que no se publicó ni en la web municipal ni en los boletines. Ha sido el concejal que ha dado la cara tras la decisión del Consultivo y ha admitido que se produjeron «erros» en el concurso. Rechaza dimitir.

Alberto Lema (Concejal de Contratación)

Lema rubricó la resolución de compra de los pisos el 26 de diciembre del 2017. Dos días después, antes de que pasasen los 30 de plazo para recurrirla, y sin que fuese publicada en los boletines, rubricó las escrituras. Desde que se hizo pública la decisión del Consello Consultivo no ha dado ruedas de prensa.

Natalia Codesal (Exjefa de servicio)

La presidenta de la comisión que valoro los inmuebles que se presentaron al concurso dimitió tras el dictamen del Consultivo. Por el momento ha guardado silencio, pero su entorno y el sindicato UGT rechazan la tesis de la Marea y el gobierno local de que toda la responsabilidad deben ser achacada a los funcionarios.

Marta García (Directora juírica)

La prestigiosa doctora de la UDC es una de las personas de más confianza del alcalde. Su informe sobre el concurso de vivienda reconoció que hubo irregularidades, pero consideró que la mayoría no causaban nulidad. Esa teoría cayó en el Consultivo. Ahora está siendo atacada desde altavoces próximos al partido.

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