Condonarla, derivarla a otro ente público o ayudas de Fomento son las vías exploradas
29 ago 2018 . Actualizado a las 10:48 h.La Xunta, por boca de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, subió ayer un grado más la presión para que el Gobierno central asuma la deuda derivada de la construcción de Langosteira (200 de los 300 millones son del crédito de Puertos del Estado) que atenaza a la Autoridad Portuaria. Vázquez reclamó que Galicia reciba «o mesmo trato que outras comunidades por parte de Fomento (...) un trato xusto e igualitario, non discriminatorio», dijo en referencia a la decisión del Gobierno de aportar 350 millones de euros para enjugar la deuda del Consorcio Valencia 2007, que contrajo esas obligaciones al sufragar las obras para la Copa América de Vela y la fórmula 1.
Esos 350 millones incluyen 31 millones de intereses, y las partes de la deuda que correspondían al Ayuntamiento -gobernado por Compromís con apoyo del PSOE- y la Generalitat valenciana -liderada por los socialistas con respaldo de Compromís-.
También el gobierno local de A Coruña ha reiterado su exigencia de que el Estado condone la deuda. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, anunció ayer que la Marea llevará una moción al pleno para instar al Gobierno a asumir esas obligaciones, y para que inicie la revisión de los acuerdos del 2004, que preveían financiar la obra de Langosteira mediante la urbanización de los muelles del puerto interior que irán quedando desafectados en los próximos años. La moción también reclamará fondos para el enlace mediante ferrocarril al puerto exterior.
Varela subrayó que, de no aplicarse en A Coruña una solución similar a la utilizada en Valencia, se produciría un «agravio comparativo», y advirtió que esa situación «frustraría as expectativas depositadas na nova etapa aberta no Goberno do Estado».
La presidenta local del PP, Beatriz Mato, anunció ya el martes que su partido llevaría iniciativas al consejo del Puerto, el Ayuntamiento y la Xunta en las que reclamarán al Estado que asuma la deuda de punta Langosteira.
Los cambios de posición
El PP y la Marea, enfrentados hasta ahora en la práctica totalidad de los temas públicos, coinciden en su exigencia. Aunque ambos partidos se acusan de cambiar de opinión, y lo han hecho.
El PP no pedía la condonación, aunque sí se abría a vías alternativas para pagar las obligaciones, pero entiende que el Gobierno de Sánchez ha «roto la baraja» al condonar por primera vez la deuda de una autoridad portuaria, como dijo Beatriz Mato.
La Marea en el 2017 tampoco pedía condonar la deuda, sino el «alixeiramento da carga financeira» que afronta el Puerto y «medidas de flexibilización do pago».
Ambos grupos ya habían coincidido en mayo de este año, cuando votaron juntos en el pleno una moción que instaba a negociar posibles cambios en los convenios del 2004. Aquella moción, que salió adelante por unanimidad, había sido presentada por el PSOE, que había firmado aquellos pactos y sobre cuyo gobierno recae ahora la presión de ambos partidos y del BNG, que reclama la condonación desde hace años.
En enero también respaldaron juntos otra moción del PSOE que, entre otros asuntos, instaba a Feijoo a mediar ante el ministerio. El presidente gallego logró un principio de acuerdo con Fomento y Puertos para garantizar la titularidad pública de La Solana y Batería y Calvo Sotelo, que se regirían por las tres Administraciones o mediante una sociedad pública si participaban Ayuntamiento y Diputación, además de un compromiso de financiación para el tren a Langosteira.
Las posibles soluciones
Ese protocolo fue rechazado por los demás partidos, y su aplicación es dudosa, pero planteaba algunas de las posibles soluciones para la deuda del Puerto.
Por un lado preveía que la Xunta aportase 20 millones para garantizar la titularidad pública de esos espacios. La compra de los muelles por otras Administraciones es una de las posibilidades que se barajan para pagar la deuda sin privatizarlos.
Además, planteaba que los muelles fuesen administrados por una nueva entidad pública. Esa es otra opción que está sobre la mesa: que el puerto ceda los suelos y la deuda o solo los suelos a un nuevo ente -un consorcio o una sociedad pública- a cambio de un pago anual que garantice la liquidación de la deuda.
Otra alternativa es que el Puerto permute al Estado los terrenos por el préstamo que recibió, y que después el Estado los entregue a ese ente público como donación, cesión o participación en una nueva sociedad pública.
Todo ello sin descartar la condonación total o una quita parcial, aunque esa opción, han insistido los socialistas, es más compleja que en Valencia, ya que allí la deuda era de un consorcio y aquí es de la Autoridad Portuaria, lo que podría causar problemas con la Unión Europea.
