El Comité de Ética insta a salvaguardar el nombre, la imagen y las sedes de la universidad
24 jul 2018 . Actualizado a las 10:39 h.El Comité de Ética de la Universidade da Coruña (UDC) ha tomado partido contra la seudociencia. El órgano consultivo encargado de garantizar que se cumplan los principios éticos de la investigación y la docencia presentó en junio una declaración contra la «transmisión ou difusión de coñecementos que se presentan como científicos sen estar baseados en argumentos, criterios ou métodos propios das ciencias». El documento, que insta a salvaguardar la imagen, el nombre y las instalaciones de la UDC, fue ratificado por el Consello de Goberno en la sesión del 27 de junio.
«Estamos moi satisfeitos de que a nosa achega desde a ética fose aceptada» y el manifiesto se convierta en un principio general de la institución, explica José Antonio Seoane, profesor de Filosofía do Dereito y presidente del comité de Ética.
La iniciativa tiene en cuenta los casos recurrentes de abuso de personas emocionalmente inestables a causa de problemas de salud o económicos graves que acaban siendo víctimas de prácticas seudocientíficas con fines lucrativos, desde plantas milagrosas para curar el cáncer a gurús con habilidades sobrenaturales para resolver cualquier mal. Pero sobre todo incide en el riesgo de que esta realidad, a la que la UDC debe atender, según Seoane -«porque a universidade non pode pechar as súas portas e hai que estar abertos a falar con eles, deixándolles claro sempre, iso si, que o seu non é ciencia», expone-, entraña un riesgo para los principios cardinales de la institución. «A seudociencia é eticamente incorrecta porque lesiona dous valores básicos da procura do coñecemento: a verdade e a confianza. A seudociencia dana a integridade científica e académica porque incumpre dúas esixencias da investigación e a docencia responsábeis: o rigor e a honradez», recoge la declaración.
Manuel F. Herrador, profesor de Enxeñería Civil de la UDC y miembro activo del Círculo Escéptico, se refirió ayer a la dificultad de conseguir fallos judiciales que condenen estas prácticas y aludió a ordenamientos de algunas autonomías que prohíben, por ejemplo, impartir charlas sobre temas sanitarios a profesionales sin titulación.