Puertas abiertas al convenio de los muelles

La Xunta invita a sumarse al Ayuntamiento tras lograr que el suelo quede en manos públicas

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A Coruña / La Voz

La Xunta insistió ayer en que el acuerdo para definir el futuro del puerto coruñés no está cerrado e invitó al Ayuntamiento a que se incorpore al acuerdo. «Tanto o ministerio como a Xunta o que fixeron foi moverse para que quede garantida de xeito definido a titularidade pública deses terreos», afirmó el vicepresidente, Alfonso Rueda, aludiendo así a que el diseño y los usos a dar a esas parcelas estaba todavía por definir. «Isto foi o que pediu o propio Concello da Coruña e niso estamos», afirmó Rueda en alusión a las mociones remitidas desde el consistorio. «É un tema vital para o futuro da cidade e un acordo que non está pechado -dijo-, e o Ministerio de Fomento e a Xunta están dispostos a falar e a incorporar a este proxecto ao Concello sen ningún problema», dijo. Por su parte, el alcalde, Xulio Ferreiro, cargó ayer contra el PP por sus críticas al foro del pasado fin de semana: «Organizamos un acto no que se invita a todo o mundo e o grupo local do PP pasa toda a fin de semana ridiculizando o evento, pero logo quéixanse de que non os invitan a participar», dijo, llamando a «tender pontes» y negociar los grandes asuntos de la ciudad. 

El pacto

A dos bandas. El pasado 18 de abril el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegaron a un acuerdo mediante el cual los muelles de Batería y Calvo Sotelo quedarían en manos públicas y no serían subastados, al igual que La Solana, que seguirá en manos del puerto, y una parte por definir de San Diego. Batería, La Solana y San Diego se iban a subastar para obtener fondos con los que afrontar la deuda por la obra de la rada exterior. Para impedir esa venta la Xunta aporta hasta 20 millones de euros para que el Puerto pueda hacer frente temporalmente al pago del crédito suscrito por la obra. El Finisterre, que sí se venderá, servirá para hacer caja con el mismo fin. El acuerdo incluye además que el Estado se haga cargo, por 140 millones, de la conexión ferroviaria con Langosteira.  

Críticas municipales

Anular el acuerdo. El gobierno local cargó contra la Xunta y el ministerio al conocerse el acuerdo. Se garantiza el tren y que parte del suelo siga en manos públicas, pero el consistorio quiere que ese pacto quede sin efecto porque para su constitución no se llamó al Ayuntamiento, que no participó en la negociación. Según el acuerdo, la propiedad del suelo quedará en manos de una sociedad de la que la Xunta tendrá el 51 % y el resto, el puerto, invitando a otras Administraciones a comprar parte del 49 % en manos portuarias. Ese reparto dejaría el poder de decidir en manos de la Xunta, principal propietario, no del Ayuntamiento, que reclama un consorcio público presidido desde A Coruña. 

Manos tendidas

Cartas cruzadas. Todas las partes se han mostrado en los últimos días proclives a establecer un diálogo, pero cada uno lo expresa a su manera. El Ayuntamiento se remite a Fomento y Xunta invitándolos a hablar, mientras que la Xunta hace lo propio con el consistorio; es decir, todos se convocan mutuamente para tratar sobre la fachada portuaria. 

Acercamientos previos

Enfrentamientos. La Autoridad Portuaria es la propietaria del suelo del puerto coruñés. Depende de Puertos del Estado y a través de ese ente, de Fomento. La Xunta, por su parte, es la que nombra presidente de la Autoridad Portuaria. El consistorio abordó problemas de titularidad de terrenos portuarios en el pasado con la Autoridad Portuaria, pero la relación entre gobierno local y puerto derivó en un enfrentamiento público que llegó a enconarse en algunos momentos y que aún no se ha solucionado. Así, el consistorio exigía que la renovada Marina pasara a ser de titularidad municipal, mientras el puerto aseguraba que solo la entregaría cuando María Pita le pagase los millones que faltaban por cobrar de esa obra. La situación sigue sin moverse. Otro asunto motivó también un fuerte enfrentamiento a costa del futuro del suelo. Cuando la Autoridad Portuaria intentó subastar el Finisterre y La Solana el consistorio ofreció 1,4 millones -el precio de tasación- por esta última. El puerto aceptó en un primer momento pero después, con una oferta privada encima de la mesa de 10 millones por hotel y complejo deportivo, retomó la subasta. La tensión llegó entonces a su punto álgido, con abundancia de mociones, concentraciones y movilizaciones exigiendo la entrega de parcelas sin coste alguno al consistorio. Con un constante cruce de acusaciones, las negociaciones se volvieron imposibles. 

La mediación de Llorca

Un árbitro externo. Hasta el mes pasado, en los momentos de mayor tensión entre las partes el Ayuntamiento se había remitido a José Llorca, presidente de Puertos del Estado, en busca de un interlocutor para sus demandas. Con Llorca se pararon las subastas, aplazándolas, pero no se resolvió el problema: Puertos del Estado no contemplaba que se incumplieran los acuerdos firmados en el 2004 en lo tocante a la financiación de la deuda. De algún sitio tenía que salir el dinero para Langosteira. El Ayuntamiento, más allá del caso de La Solana, no concretó ofertas. La Xunta sí lo hizo el mes pasado, aunque el alcalde insistía estos días en que ellos siempre tuvieron voluntad de negociar pero nadie respondió a su llamada.

Otra polémica sobre el uso de los terrenos

El plan general tiene calificado como suelo urbanizable de uso terciario 54.533 metros cuadrados en Batería y Calvo Sotelo. Según los planes del 2004 esos terrenos se iban a vender para oficinas, hoteles y centros comerciales.

Que ese suelo, con esos fines, quedara en manos privadas, fue lo que llevó a la Xunta, para impedirlo, a invertir 20 millones de euros en su compra. «Non se trata nesta fase de definir os usos, senón de garantir que os usos que se determinen respecten o interese público», escribió Feijoo en un artículo publicado en La Voz el pasado domingo. A él se refirió Xulio Ferreiro: «Se se asume que non se pode facer un planeamento de usos sen o Concello o que sería bo é ter contado co Concello desde o principio, e non ternos obrigados a estas liortas», valoró el alcalde sobre el escrito del presidente.

Pero aunque el propietario del suelo asegura que el uso que le dará está por definir y el alcalde asume que ese futuro habrá de contar con el Ayuntamiento, tanto la Marea como el jefe de gabinete del regidor mantienen que eso es «mentira», asegurando que el único uso que hay es el que figura en el PGOM, por mucho que la Xunta vaya a comprar ese suelo precisamente para evitar esos desarrollos.

Alejandro Grindlay: «Lo que enriquece operaciones tan grandes es la mezcla de usos»

E. EIroa

El ingeniero especialista en transformaciones portuarias Alejandro Grindlay considera que la cultura política española es uno de los principales obstáculos para llegar a acuerdos

Hace unos años escribió un artículo titulado Ciudades y puertos, un estudio en el que explicaba los procesos de transformación de zonas portuarias en desuso en diversas urbes. Más que centrarse en los detalles arquitectónicos, Alejandro Grindlay Moreno (Málaga, 1970) se paraba en los procesos y en lo que ocurrió en España en las últimas décadas. Profesor de la Universidad de Granada, donde da clases en el área de Urbanismo y Ordenación del Territorio en Caminos, Grindlay permite ver que los problemas que se viven actualmente en A Coruña en torno a la remodelación de la fachada litoral no son, en absoluto, un asunto único. Lo mismo que pasa en A Coruña pasó en muchos otros sitio.

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