Tras más de un año, les exige que se vayan o se expongan a multas y la acción policial
17 mar 2018 . Actualizado a las 11:10 h.El gobierno de Xulio Ferreiro vuelve a rectificar y este lunes iniciará el trámite para recuperar la finca de la Comandancia de Obras, que -según el expediente municipal- está okupada desde noviembre del 2016 «por persoas sen identificar». El documento que irá a la junta de gobierno advierte a los okupas que se exponen a multas, e incluso a un desalojo por las fuerzas del orden público, si no acatan la decisión de la administración local.
El expediente que se aprobará en la junta de gobierno del lunes describe a los okupas -que tendrán diez días para alegar- como «persoas sen identificar», aunque el gobierno local mantiene un «diálogo» con ellos desde finales del 2016. Así lo ha defendido una y otra vez en el pleno, insistiendo en que no ordenarían un desalojo y el «diálogo» sería suficiente para que los okupas se fuesen de forma voluntaria.
En el pleno del día 5, la concejala de Participación, Claudia Delso, insistió una vez más en el «diálogo» y en ningún momento mencionó la posibilidad de un desalojo. Esta misma semana, ella y los concejales de Culturas e Igualdade, José Manuel Sande y Rocío Fraga, se reunieron con los vecinos para hablar del futuro del recinto. Tampoco se hizo ninguna referencia al desalojo. La propia Fraga, que tiene las competencias de Seguridade Cidadá, lo rechazó el martes: «Non vamos a preparar ningún tipo de desaloxo que teña que ver coa forza ou con excavar nada, que non é necesario», dijo.
Pero el texto que se aprobará el lunes, redactado por el área de Rexeneración Urbana que lidera el edil Xiao Varela -que volvió a referirse a la negociación-, es un paso previo para ello, incluso mediante el uso de la fuerza pública.
Se trata, de hecho, del primer movimiento que hace el gobierno local para recuperar ese espacio público desde noviembre del 2016. Hasta la fecha, además de apelar al «diálogo», el gobierno local ha ignorado las reiteradas peticiones del pleno para desalojar los edificios. Primero, en diciembre del 2016, planteó esa posibilidad el PP, y luego se le unió el PSOE. Pero el ejecutivo de Ferreiro ignoró esas solicitudes e incluso anunció que no colaboraría con el Gobierno central para recuperar el inmueble.
El gobierno local llegó a asegurar que Fomento había licitado las obras para recuperar la parcela por motivos políticos. «Todos sabemos que non estarían licitadas as obras por 1,3 millóns de euros de non ser polos okupas. Ese é o uso partidista que se está facendo das institucións».
En este tiempo los okupas hicieron reformas en los edificios, construyendo incluso una pista de patinaje, además pusieron en marcha un nutrido programa de actividades. Todas sin licencia, pero el gobierno local miró a otro lado y dejó hacer, pese a las continuas denuncias de la oposición.
El gobierno local prevé dedicar las naves a usos juveniles, manteniendo parte de las actividades de los okupas bajo supervisión municipal. Parte del colectivo okupante, que ha rebautizado las naves como centro social A Insumisa, rechazan esa tutela y han advertido que se resistirán si se produce un desalojo que consideran inevitable, al tiempo que a través de la Red han recordado el pasado okupa de parte del gobierno local, a quienes ahora acusan de actuar «como o PP».