La adquisición de dos pisos que no cumplían las bases a un afín sacude al partido de Ferreiro
19 may 2021 . Actualizado a las 19:40 h.Las políticas de vivienda fueron el proyecto estrella del gobierno local en el 2017. En su presupuesto para ese año, el ejecutivo incluyó partidas que sumaban 2,5 millones de euros para ampliar el parque de inmuebles municipales. Esa cantidad superaba a los dos millones de la renta social, el gran compromiso del equipo de Ferreiro en la campaña electoral, que no alcanzó las previsiones iniciales. La pieza clave de la nueva apuesta era un concurso público de compra de viviendas y edificios para uso social, al que se destinaron 1,26 millones. Pero ha causado una fuerte polémica por sus posibles irregularidades.
Los responsables políticos
El giro hacia el urbanismo consolidó al edil de Rexeneración Urbana como hombre fuerte del gobierno. Xiao Varela sería el encargado de pilotar el citado concurso. En abril del 2017, cuando el proceso estaba en gestación, el alcalde aprobó la mayor reforma de su gobierno desde que tomó posesión. Entre otros cambios, retiró las competencias de contratación a María Eugenia Vieito, responsable de Facenda, y se las entregó a Alberto Lema, edil de Emprego. Lema no está en el núcleo duro del partido, formado alrededor del alcalde y su jefe de gabinete, Iago Martínez. No fue parte del colectivo Lanzadeira, compuesto por los fieles al regidor -entre ellos la propia Eugenia Vieito-, que impulsó una reforma interna de la Marea para blindar la lista electoral. En su momento, el cambio de competencias se interpretó como un refuerzo de la posición de Lema, pero las responsabilidades en Contratación son delicadas, porque el concejal que firma es el más expuesto en caso de que haya un error o una irregularidad.
El concurso público
El concurso arrancó en mayo del 2017. Se recibieron 36 ofertas de viviendas y 9 de edificios. Fueron valoradas por una comisión de funcionarios compuesta por la jefa de servicio de Rehabilitación y Vivienda (presidenta), el jefe del departamento de Rehabilitación (vocal), la jefa de la sección de Rehabilitación (secretaria), un representante de la intervención municipal y otra la asesoría jurídica. Los dos primeros fueron ascendidos a esos puestos por el actual gobierno local.
De las 45 ofertas se aceptaron 14 (12 de viviendas y 2 de edificios). La mayoría fueron descartadas por ser inmuebles fuera de ordenación, presentar defectos en la documentación o entregarla fuera de plazo. El gobierno local aún contaba con invertir los 1,26 millones previstos, pero solo seis vendedores aceptaron el precio que se les ofreció. El 23 de enero se publicó el resultado del concurso: la compra por 383.000 euros de seis pisos, que se sumarían a un parque de vivienda que ya tiene 403 inmuebles. Como ocurrió con la renta social, no se cubrieron expectativas.
El vendedor de la Marea
Las dos primeras viviendas que se presentaron al concurso, adquiridas por el Ayuntamiento por 145.865 euros, eran propiedad de un firmante del manifiesto de la Marea, Toni Lodeiro Zas. En el 2014, el partido le reconoció como «unha das persoas que están a organizar a Marea de Fóra, a asemblea das e dos emigrantes da Marea Atlántica». Una familiar, que también firmó el manifiesto, tramitó la venta con el Ayuntamiento, ya que él reside desde hace años en Barcelona, y trabaja como asesor en materia de consumo responsable para el gobierno local de Ada Colau. En el 2016 participó en unas jornadas organizadas por Marea de Pontevedra que contaron, entre otros, con el alcalde, Xulio Ferreiro, la concejala Claudia Delso e Íñigo Errejón. Ese año también fue uno de los coordinadores y organizadores de unas jornadas sobre consumo responsable organizadas por la concejalía de Alberto Lema que costaron 3.872 euros.
Problema con la superficie
Esa circunstancia provocó dudas en la oposición, pero las críticas se dispararon cuando se fueron conociendo las características de las viviendas, acreditadas por los documentos que acompañan estas páginas, y su contradicción con las bases del concurso.
Una de las dos propiedades es un tercer piso en la calle Santander por el que María Pita pagó 91.290 euros. Es un apartamento que, según el registro de la propiedad y diversas actas notariales, tiene una superficie útil de 49,55 metros cuadrados, cuando las bases del concurso exigían como mínimo 50 metros cuadrados. Solo el informe de la empresa tasadora le atribuía una superficie mayor, 60 metros, pero el escrito de compra firmado por el concejal Lema ante notario reitera que tiene 49,55 metros cuadrados.
La otra propiedad es un cuarto bajocubierta sin ascensor de la calle Joaquín Martín Martínez, por el que el Ayuntamiento pagó 54.575 euros. Según la inscripción registral, las escrituras y el escrito de compra firmado por el concejal Lema ante notario tiene una superficie útil de 47,2 metros cuadrados, de nuevo por debajo de los 50 exigidos en las bases.
Tampoco sus habitaciones cumplirían con lo exigido, ya que las bases decían que al menos una de ellas debía tener 8 metros cuadrados, pero según el informe municipal se quedaban en 7,32 y 7,28 metros cuadrados.
El informe de la tasadora coincidía en esos 47,2 metros útiles. También advertía de que el piso no cumplía la normativa urbanística vigente y que fue valorado como vivienda a petición del Ayuntamiento, porque es un local comercial. Así figura en el registro, mientras que en el catastro aparece con uso de «oficinas».
El papel de la oposición
A la vista de las diferencias entre las características de los inmuebles y las bases, la oposición reclamó primero explicaciones y después que se dé marcha atrás. El BNG y el PSOE exigen que se revise el concurso y se apliquen las condiciones del concurso. Los primeros han denunciado que el gobierno local aplicó las bases «ao chou», los segundos siguen preguntándose por qué el gobierno local firmó ante notario la compra de dos inmuebles que no se ajustaban a las bases. El PP ha convocado un pleno para instar al gobierno local a enviar toda la documentación al Consello Consultivo, para que revise el concurso y abra la puerta a la anulación de las compras.
La reacción del gobierno
El gobierno ha digerido mal la crisis. Primero defendió que se habían aplicado las bases de forma impecable y que es legítimo que los afines a la Marea se presenten a concurso. Pero en su declaración en las comisiones, Varela citó 11 veces un posible error en el proceso, aseguró que «pueden faltar informes» o que a los funcionarios se les pudo pasar «alguna cosa». El gobierno local ha terminado por encargar una revisión a la asesoría jurídica.
Además de denunciar una supuesta campaña de acoso del PP, Lema y Varela insistieron en que todas las decisiones fueron responsabilidad de la comisión de funcionarios que valoró las ofertas. También el alcalde, Xulio Ferreiro, atribuyó a la plantilla el resultado del concurso público. Por su lado, los funcionarios firmaron un escrito en el que defienden su objetividad y que trabajaron sin interferencias políticas.