El gobierno local admite que compró una vivienda ilegal que se legalizará con dinero público

Después de la última comisión de Transparencia, la portavoz del PP, Rosa Gallego, criticó las prisas del concejal de Empleo, Alberto Lema, para tramitar la compra de los inmuebles ganadores del concurso, entre ellos los del firmante de la Marea. Según explicó Gallego, Lema firmó la resolución de compra el 26 de diciembre. No fue publicada en el BOP y solo dos días después, antes de que acabase el plazo de 30 días para recurrirla, firmó la escritura y pagó las propiedades.

El hecho de que ya estén escriturados dificultará la posibilidad de anular la compra si se confirma que fue nula por las posibles irregularidades en el proceso.

En las comisiones de la semana pasada, la directora de la asesoría jurídica insistió en ese punto. Según las actas, afirmó que era necesario «ponderar» los posibles «vicios de anulabilidad» con el fin de «que no se cause perjuicio al interés general ni a terceros».

También el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, afirmó que «si aparece, efectivamente algún error» se actuaría en consecuencia, pero «bajo el principio de proporcionalidad», ya que «se trata de no generar más perjuicios, que no sea peor el remedio que la enfermedad». 

«Legalizables»

Uno de los motivos es que los vendedores de los pisos podrían ser considerados «terceros de buena fe», y tendrían derecho a reclamar una indemnización al Ayuntamiento si anula el concurso y la compra de sus pisos. Eso suponiendo que no recurriesen esa decisión ante los tribunales. El gobierno local podría reducir el problema anulando la adquisición solo de los inmuebles que no cumplan las bases, pero aún así los afectados podrían exigir una compensación por los perjuicios sufridos en la operación.

En caso de que no se anulen las compras, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a la reforma del piso de la calle Joaquín Martín Martínez. En las actas de la comisión, el concejal Varela admite que se compraron «viviendas de facto, ilegales, pero legalizables».

El gobierno local aseguró hace semanas que el coste de las obras y los trámites administrativos se quedaría en 9.100 euros. Pero en la comisión Varela no confirmó ningún presupuesto, y a juzgar por sus palabras parece probable que el coste sea mayor. El motivo es que la vivienda tiene dos dormitorios, pero según explicó el edil ya «se está trabajando» en un proyecto con el «destino final» de «tener un dormitorio».

Según el acta, el edil del PP Martín Fernández Prado replicó que «ya le aclaran que para cumplir habitabilidad (...), hay que tirarlo entero y volverlo a hacer, y que ya se verá lo que cuesta».

La respuesta de Xiao Varela fue «que el piso va a adaptarse, igual que el ascensor que no lo tiene, y que tiene un coste, y que la comisión [de funcionarios] entendió que era una compraventa válida para el Ayuntamiento.

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