El Ayuntamiento y la comunidad de propietarios estudian nuevas vías judiciales
15 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Cualquiera que lea la sentencia del Tribunal Supremo puede pensar que al edificio de Fernando Macías, antes conocido como Conde de Fenosa, le quedan horas. El fallo, como los anteriores que ha habido en el mismo sentido, parece no dejar otra salida que no sea la demolición inmediata. Deja claro que no hay recurso posible, ni posibilidad alguna de acometer obras que devuelvan el inmueble a la legalidad.
Sobre el papel, no hay salvación. Pero la realidad es otra. Quedan todavía por delante vías jurídicas para, al menos, prolongar durante años el pleito iniciado ya hace dos decenios. Lo dicen en el Ayuntamiento y en la comunidad de propietarios, que de la mano ya estudian qué camino tomar ahora. Por lo de pronto, vecinos y gobierno local se reunirán en los próximos días para trazar la estrategia.
«Quedan años de pelea»
Cualquier propietario en su situación estaría de los nervios, pero los del edificio de Fernando Macías se muestran tranquilos. Confían en encontrar un camino. Uno de ellos decía ayer que «quedan muchos procedimientos por delante y años de pelea. Por el momento, no hay miedo. Ya es mucho el tiempo que llevamos recibiendo sentencias como esta última y algunos de nosotros nos hemos convertido ya en expertos juristas». Su vecino recordaba que «hace dos años ya nos habían dicho que en 24 horas lo tirarían, y aquí seguimos. Y seguiremos». De la misma opinión es otra residente, si bien esta carga contra las autoridades locales de la época en la que se concedió la «maldita» licencia. «Puedo llegar a entender que en un principio permitiesen su construcción con el respaldo de los técnicos, pero una vez que el denunciante (el arquitecto Valentín Souto) presentó la demanda cuando todavía no había comenzado la obra, debería haberse actuado. Pero todo lo contrario, continuaron adelante pese a que ya sabían que había ilegalidades que estaban a tiempo de subsanar. Nadie hizo nada. El edificio se terminó y se pusieron a la venta el centenar de viviendas. Nosotros, ajenos a cualquier problema de construcción, compramos y pagamos nuestros impuestos. ¿Quién salió ganando? Prefiero callarme», dice.
También echa la vista atrás el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. Pese a que confía en encontrar una solución, recuerda cómo empezó todo y a quién se debe el problema. «Esta sentenza só referenda que as cousas con respecto ao edificio non se fixeron de forma correcta. No eido urbanístico non se pode actuar ás presas. Así ocorreu en gobernos pasados e agora a cidade sofre as consecuencias».
Varela añadió que el Ayuntamiento actuará con dos premisas fundamentales. Por un lado, «o escrupuloso cumprimento da legalidade urbanística, cousa que, como vemos, até o de agora non se levou a cabo». Por otra parte, «a defensa do erario público e dos intereses das persoas máis directamente afectadas, coas que xa estamos en contacto».
Recurso
Sobre la estrategia a seguir, una vez notificada la última sentencia, afirmó que los servicios jurídicos municipales «están a traballar na busca da mellor maneira de enfrontar esta decisión xudicial». Ya sabe el edil que lo que queda ahora por hacer «será un proceso longo». Los juristas del Ayuntamiento «están estudando a posibilidade de solicitar que o noso recurso sexa analizado máis amplamente». No obstante, teme lo que pueda llegar a pasar si finalmente no se logra paralizar el derribo. Para Varela, supondría un golpe irreparable.
El PP se muestra pesimista y pide responsabilidades y el PSOE ve aún salidas jurídicas
Los diferentes grupos municipales han tenido reacciones dispares. Mientras el PP da por perdida la posibilidad de que la reclamación de los afectados prospere y reclama «pedir responsabilidades», el PSOE defiende que el Ayuntamiento «sigue disponiendo de herramientas jurídicas». Mientras, el BNG exige que se adopten «todas as medidas necesarias para condenar aos verdadeiros responsables».
Niega toda opción de eliminar las partes ilegales y obliga a demolerlo
El Alto Tribunal ha dado el portazo definitivo al intento del Ayuntamiento de frenar la condena que pesa sobre el inmueble, negando toda posibilidad de realizar obras para eliminar los elementos ilegales. Así las cosas, solo se puede legalizar el edificio Fenosa tirándolo abajo en su totalidad. En los últimos años, los diferentes gobiernos municipales intentaron de todo. Desde modificar el PGOM para adecuar el inmueble a la legalidad urbanística actual, a presentar un proyecto de restauración en el que se eliminarían los elementos en conflicto, como se ve en el gráfico. La Justicia no lo aceptó. Por ahora, solo ve una solución: el derribo. Esto provocaría una situación de desamparo para los propietarios, que serían los únicos perjudicados sin tener culpa alguna. Además, indemnizarlos sería la quiebra del Ayuntamiento. Supondría un desembolso de 60 millones.