El Supremo ratifica el derribo del edificio de Fernando Macías

María Pita estudia cómo ejecutar el fallo y dar las máximas garantías a los vecinos

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a CORUÑA / la voz

Dieciséis años después de la sentencia que ordenó el derribo y veinte del comienzo del proceso judicial, el Tribunal Supremo ha dado carpetazo a los recursos de casación del Ayuntamiento y la junta de propietarios del edificio de Fernando Macías 2 (antes conocido como Conde de Fenosa) contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestimó el penúltimo intento de evitar la demolición de la estructura. Como el mito de Sísifo, la piedra volvió a rodar hasta el punto de partida y esta vez sin posibilidad de remontada. En una providencia leída por el ponente José Juan Suay Rincón y suscrita por nueve magistrados, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó el 20 de julio la inadmisión a trámite «por no ser recurrible en casación la resolución impugnada» y la condena en costas para el Concello y los propietarios, contra las que no cabe recurso alguno.

La noticia del fallo, que ratifica la sentencia del TSXG del 20 de diciembre del 2001 que ordenó restituir el edificio al volumen anterior a la reforma de Fadesa aprobada en 1997 durante el mandato de Francisco Vázquez, fue recibida ayer con amargura por el gobierno local. Xiao Varela, concejal de Rexeneración Urbana, manifestó «a frustración do equipo de goberno ante a evidencia de que a lousa do pasado, dunha xestión urbanística incorrecta e irregular, compromete a solvencia do Concello e crea un importante prexuízo para a cidade». La herencia «envenenada» de Fernando Macías, como la calificó el exalcalde popular Carlos Negreira, situaría al municipio en una situación de bancarrota en caso de tener que afrontar los 40 millones de euros que, según cálculos del anterior ejecutivo, podría acarrear el derribo de los 2.400 metros cuadrados que sobrepasaron la edificabilidad permitida por el planeamiento de 1985, en vigor cuando se levantó la estructura.

Planeamiento actual

Este exceso constructivo fue uno de los factores estudiados por el equipo de Xulio Ferreiro para recurrir en casación el auto del Tribunal Superior, al entender que las normas urbanísticas actuales ofrecen margen para reconstruir el edificio y, por tanto, habría alternativa para ajustarlo a la legalidad. «Reábrese unha fase que até o de agora estaba en suspenso. Agora é o momento de determinar a forma concreta de execución da sentenza, así como de fixar as máximas garantías posibles para as persoas afectadas», avanzó Varela. Más de un centenar de familias firmaron títulos de propiedad en los tres bloques de viviendas que reemplazaron al edificio de oficinas proyectado por Andrés Fernández Albalat en una de las primeras muestras coruñesas del muro-cortina. Fadesa obtuvo licencia para cambiar el uso y promovió un reinterpretación de las galerías con pretensiones monumentales ocupada por cien viviendas, locales comerciales, oficinas y 70 plazas de garaje.

Antes de que comenzaran las obras, en diciembre de 1997, el arquitecto Valentín Souto llevó al juzgado lo que entonces eran presuntas irregularidades. En veinte años denunció dilaciones interesadas, connivencia entre María Pita y la promotora, y falta de depuración de responsabilidades por la concesión de una licencia ilegal. Xiao Varela advirtió ayer que «este Concello non vai asumir nada que non lle corresponda, e non deixará de explorar todas as vías para esixir responsabilidades aos culpables desta situación».

«No se tirará. Sería injusto que los propietarios pagasen el pato», dice un juez

El litigio que atormenta a los residentes del edificio de Fernando Macías y al Ayuntamiento desde hace casi dos decenios tiene todavía mucha cuerda por delante a pesar de las muchas sentencias que ordenaron su demolición. Juristas consultados aseguran que jamás se tirará. Un juez llegó a decir que «sería más fácil derribar la torre de Hércules que sus casas». Por una razón, por un principio de proporcionalidad.

Un magistrado que prefiere mantenerse en el anonimato afirma que «sería injusto que los propietarios pagasen el pato de un asunto en el que nada tuvieron que ver. Ni solicitaron la licencia, ni la aprobaron y ni siquiera eran conocedores de su ilegalidad hasta que apareció la denuncia», tras la que el Tribunal Supremo sentenció que la licencia de construcción fue ilegalmente otorgada porque no se ajustaba al planteamiento en vigor, el de 1985, que prohibía la reforma integral de la edificación».

Siempre se habló de tres salidas posibles. Una, demoler el edificio por completo. Otra, acometer las obras que sean necesarias para legalizar el inmueble. Y la tercera opción pasa por no hacer ni una cosa ni otra. De hecho, los servicios jurídicos municipales enviaron hace cuatro años un informe a los jueces exponiendo la desproporcionalidad que supondría su demolición, pues sería un golpe brutal a los inquilinos y a las propias arcas municipales. Los expertos han cifrado el coste del derribo en 1,8 millones y las indemnizaciones alcanzarían los 60 millones, lo que produciría un daño irreparable a las arcas municipales.

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