Los vecinos no ven «ni bien ni mal» las propuestas de la Xunta y el consistorio para Novo Mesoiro
A CORUÑA
Piden medidas policiales para su problema de inseguridad
29 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta, la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y los propietarios de pisos en el edificio del IGVS en la calle Ribeira Sacra mantuvieron ayer un encuentro, a instancias del Gobierno autonómico, para tratar el problema de convivencia por el que pasan desde hace años los allí residentes, que sufren robos y daños constantes por parte de algunos inquilinos, procedentes en su mayor parte de realojos de asentamientos.
En la reunión salieron una vez más a relucir las diferencias entre Xunta y Ayuntamiento, con críticas por parte del segundo a la primera, primero por las formas en las que fueron convocados sus representantes, sin saber a qué iban, dijo Silvia Cameán, y después por haber rechazado la consellería la propuesta municipal, que pasaba, básicamente, porque la Xunta realojase a los vecinos conflictivos en otros pisos de su propiedad, aportando el consistorio ayuda social. Criticó también Cameán que declinasen formar parte de la comisión para el asunto impulsada desde María Pita.
A esa comisión respondió precisamente el delegado autonómico, Diego Calvo, con la reunión de ayer entre todas las partes, en la que se dio cuenta a los vecinos de que ya se han firmado cuatro desalojos de pisos ocupados ilegalmente. «Queremos que Servizos Sociais faga o informe preceptivo para atopar unha solución antes do desaoloxo», dijo Calvo, recordando que en al menos tres de esas viviendas había menores. Calvo apuntó que aportarán todas las ayudas para pagar alquiler y otros gastos y ofrecerán una solución concreta una vez conocida la situación.
Los vecinos, presentes en la reunión, valoraron con escepticismo el resultado de la misma tras años de problemas en el inmueble en el que viven. «Hoy no fue ni bien ni mal», apuntó Francisco Mañana, presidente de la comunidad valorando el encuentro. «Veo que quieren arreglarlo, pero si la policía no tiene potestad de actuar, no se puede hacer nada», dice. El problema, apuntó, no son solo los okupas, sino determinados residentes que hacen que la convivencia sea imposible. Lo que falta por concretar es si será posible una mayor acción policial en el inmueble.
Ocho nuevas denuncias solo en el último mes, además de amenazas
La convivencia en el edificio de Novo Mesoiro se está haciendo imposible para muchos de los residentes en los 160 pisos del bloque de viviendas. Francisco Mañana explicó que los problemas arrancaron desde el primer momento, hace cinco años, y que desde entonces han sufrido en el edificio innumerables robos y destrozos. Desde encontrar sus trasteros reventados hasta ver como un residente montaba un taller en el garaje común, eso además de los impagos reiterados de las cuotas de la comunidad y de los problemas de convivencia y el deterioro de zonas comunes.
Solo en el último mes, apuntó, han presentado hasta ocho denuncias, y a él mismo, hace dos semanas, lo amenazaron, dijo, «con partirme la cara». Al primer presidente de esa comunidad también le dijeron que atacarían a su familia. «Cuatro familias ya se fueron y hay otras muchas deseando marcharse», dice de un inmueble en el que hay 30 propietarios y el resto viven pagando alquiler.
«El problema no son los okupas, es un problema de delincuencia, de gente que vive allí, alguno de los cuales está imputado por amenazas y agresiones y por tráfico de drogas», explicó. Dice que hay viviendas en las que viven hasta ocho personas y apunta que tienen registrados «a siete u ocho» inquilinos conflictivos. Los propios residentes hacen rondas de vigilancia porque, aclara, el problema está en que la policía, que sí acude, no puede entrar si no hay delito. Y lo difícil de caso es coger a los autores con las manos en la masa. Por lo que piden una solución.