El Ayuntamiento advierte al ministerio que será responsable de su deterioro
01 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Ayuntamiento quiere que las obras para evitar nuevos derrumbes en la cárcel provincial se lleven a cabo lo antes posible. El departamento de Urbanismo ha rechazado la petición que presentó la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) para prorrogar el inicio de los trabajos.
Emilio Hernández Santiago, director de recursos de la entidad estatal, actual propietaria del edificio, solicitó ampliar ese plazo con el fin de cumplir «las disposiciones legales en materia de contratación pública».
Pero el Ayuntamiento ha rechazado esa solicitud porque existe «peligro para las personas y/o bienes», como indica el último informe de los arquitectos municipales, efectuado el pasado 28 de marzo, en el que se advierte del «estado de total abandono y apreciación de desprendimientos en fachadas y cubiertas, elementos sueltos y múltiples huecos abiertos».
Además, los técnicos de Urbanismo recuerdan que se trata de un edificio catalogado en el actual plan general con nivel de protección 2, por lo que «la demora en el cumplimiento de lo ordenado implica un evidente perjuicio al interés público».
El escrito del Ayuntamiento subraya además que se trata de obras de urgencia, que podrían tramitarse a través de contratación menor o mediante trámite de emergencia por peligro.
A la vista de esas razones, los técnicos municipales decidieron denegar la solicitud de prórroga. Pero además, advierten a la SIEP que «serán los propietarios del inmueble los que deban responder de las consecuencias que el incumplimiento de dicho deber (el inicio de las obras en un plazo de diez días) conlleve».
El informe ha sido incorporado al expediente de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de la cárcel. Un documento que Instituciones Penitenciarias obtendrá fuera de plazo, ya que todavía continúa su tramitación cuando la fecha límite para finalizarlo era el 31 de diciembre del año pasado.