Las sentencias urbanísticas minan las arcas municipales en la comarca, donde Sada, Betanzos y Oleiros registran los pagos más cuantiosos
26 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Esta semana trascendió una sentencia por la que se insta al Ayuntamiento de Betanzos a abonar algo más de 180.000 euros a un constructor. La cantidad forma parte de una deuda ya pactada (en total, 360.000 euros) y reconocida por el propio Ayuntamiento por la paralización de una obra a la que se le había concedido licencia. Pero las decisiones -por capricho o por ignorancia- de los gestores de lo público, suponen una seria sangría para las arcas públicas.
En el caso de Betanzos, las cifras se disparan. El constructor Manuel Rivera ha tenido tiempo, paciencia y abogados para recibir casi un millón y medio de euros en indemnizaciones, con episodios como la plaza del Emigrante o unas céntricas galerías en la localidad. Con respecto a otra propietaria, en los juzgados el Concello de Betanzos se está jugando actualmente cerca de 100.000 euros por un litigio en el Pasatiempo.
En Sada el urbanismo alegre de los años ochenta y noventa también se ha traducido en disgustos vía sentencia. El Concello tuvo que desembolsar 600.000 euros por un conflicto por la reconstrucción de la iglesia de Sadadarriba, acordado «de palabra» por el alcalde de entonces. La anulación de una licencia por parte del TSXG (Residencial Portasada) costó a las arcas municipales más de 220.000 euros.
Cerca de 160.000 euros fue la cantidad que tuvo que abonar el Concello de Bergondo después de que el TSXG anulase en el año 2008 la urbanización prevista en la zona de Ouces. El importe desembolsado de las arcas municipales correspondía a la monetarización que ya había entregado la empresa y que representaba el diez por ciento del aprovechamiento previsto.
Una sentencia del TSXG fue también la que en el 2012 anuló la licencia municipal concedida por el Concello de Abegondo a una empresa que pretendía levantar en el lugar de Sarandóns una fábrica de vidrio. El Consistorio tuvo que indemnizar a los afectados una cantidad próxima a los 12.000 euros.
Cambre y Culleredo son dos ayuntamientos vecinos que comparten también el privilegio de no haber tenido que asumir indemnizaciones por actuaciones urbanísticas. De momento. No obstante, Culleredo está a la espera de que se determine si incurrió en algún tipo de delito al permitir a una empresa privada ocupar un suelo público y utilizarlo como vertedero. La empresa afectada elaboró un informe en el que cifra en 6,1 millones de euros los daños por la pérdida de actividad.
En Arteixo planeaba también la sombra de una reclamación patrimonial por otro vertedero, el de Monticaño. Al existir un proyecto medioambiental, la empresa retiró el recurso administrativo, aunque no por ello renuncie a reclamar el daño en un futuro.
El alcalde indemnizado
Oleiros es, con Sada y Betanzos, el concello que más desembolsado para hacer frente a los desmanes urbanísticos. La más cuantiosa fue la que obligó a pagar 1,2 millones de euros a dos particulares por los perjuicios que les causó la construcción de la urbanización Casa Sara. La empresa que redactó el proyecto del auditorio de Bastiagueiro también se embolsó 200.000 euros por un edificio que no verá la luz. Pero lo más llamativo es que el propio alcalde, Ángel García Seoane, fue indemnizado por el Concello con 60.000 euros por el derribo parcial de su vivienda particular.