Que José Blanco y los demás salpicados por el llamado caso Campeón estén amparados por la presunción de inocencia no significa que los datos conocidos estos días no resulten alarmantes.
En favor de la inocencia que reclaman para sí quienes han sido acusados esta semana por Dorribo (Pablo Cobián, Fernando Blanco y José Blanco) juega, sin duda, la escasa credibilidad del procesado, que podría haberlos implicado en sus presuntos delitos esperando obtener alguna ventaja procesal. Pero ello no debe hacernos olvidar que la concesión de beneficios a cambio de la colaboración con la justicia es una práctica efectiva de lucha contra el crimen utilizada en muchos países democráticos, en algunos de los cuales -Italia, por ejemplo- ha sido esencial para dar golpes a la Mafia.
Si lo dicho favorece a Cobián y a Fernando y José Blanco, en contra de los dos primeros juega, sin duda, que hayan renunciado de inmediato a sus escaños en el Hórreo: el primero -dice- para no perjudicar a su partido, y el segundo, para defenderse mejor. Es fácil, sin embargo, desenmascarar la debilidad de tales argumentos: si nada tienen que temer, su imagen de inocencia quedaría reforzada por su negativa a irse a su casa por el simple hecho de que alguien los implique en un delito sin, supuestamente, prueba alguna. El caso de José Blanco es diferente por una sencillísima razón: porque, aunque fuera culpable, no puede ahora hacer otra cosa que seguir. Su dimisión, a menos de un mes de la campaña electoral, sería devastadora para las ya desastrosas expectativas del PSOE.
Pero el caso de José Blanco es diferente, además, por otro motivo sustantivo. Porque, aunque finalmente quedase probada su inocencia y no hubiese cobrado los cientos de miles de euros que Dorribo dice haberle pagado por medio del primo del ministro, este ha reconocido -sin duda, porque no le quedaba otro remedio- que se entrevistó con Dorribo ¡en una gasolinera! para tratar de los asuntos que quería plantearle un individuo que ya entonces era conocido por sus feísimos negocios de influencias. Tanto como para tener su teléfono pinchado por orden judicial.
Desechada la idea de que esa forma de gestionar un ministerio que administra presupuestos astronómicos forma parte de la idiosincrasia regional -lo que da una imagen de Galicia poco edificante-, o la tesis de la señora Valenciano (jefa de campaña de Rubalcaba) cuando afirma que la entrevista de un ministro con un empresario implicado en turbios manejos que quiere hablar con él de la concesión de subvenciones constituye un «asunto privado», la pura verdad es que solo cabe una conclusión: que José Blanco es responsable, en todo caso, y al margen de su inocencia o culpabilidad que ya el poder judicial depurará, de un comportamiento inapropiado, que es como se llama en los países anglosajones -de ética más estricta que la nuestra- a la acción de un cargo público que, sin ser delictiva, resulta políticamente inadmisible.
Que a José Blanco y a sus amigos y compañeros de partido la entrevista con Dorribo les parezca algo normal es prueba irrefutable de lo poco que la ética pública ha progresado en un país en que los ministros no pueden comportarse como lo hacen en cualquier democracia bananera.