La reunión para estudiar el ERE presentado en la empresa de telemárketing Sykes tuvo ayer un elemento sorpresa, al anunciar la firma la suspensión temporal del expediente de regulación presentado el 22 de febrero y que afectaba a 278 trabajadores fijos de A Coruña y Lugo, aunque se estima que podría afectar a otros 200 temporales. La compañía justificó esta decisión ante «la solicitud reiteradamente efectuada por la parte social de la mesa de negociación, liderada por los representantes del sindicato CC.?OO. y UGT, para que se suspenda temporalmente la tramitación del ERE y se abra un nuevo período de negociación, sin presiones, con el objetivo de revertir el presente proceso y alcanzar un acuerdo». Sykes califica esta decisión como un acto «de buena fe», pero tiene diferentes interpretaciones desde las centrales sindicales con representación y no logró que se suspendiera la manifestación que partió ayer tarde de la plaza de Pontevedra, hasta María Pita, y en la que se lanzaron consignas contra los despidos «a la americana», en alusión a la sede de la multinacional. Los sindicatos estiman que si bien supone el aplazamiento de la carta de despido para los empleados fijos, no evitará el despido de los temporales cuando el próximo día 31 de marzo finalice el contrato que Sykes presta a Telefónica para atender el 1004. Este anuncio lo que sí hizo fue ahondar las diferencias entre las distintas centrales, que coinciden en la defensa del mantenimiento del empleo, pero no en cómo se debe llevar la negociación. La presidenta del comité de empresa, Catalina Dopico, aseguró que han vuelto a presentar sus demandas por escrito ayer a la compañía, propuestas que son asumidas por CC.OO. y UGT, centradas en que los resultados económicos de Sykes no justifican ni amparan la presentación del ERE. El secretario comarcal de la CIG, Paulo Carril, que participa en todas las movilizaciones de apoyo a la plantilla, aseguró que esta suspensión «non é un avance», porque no supone un cambio de situación, e indicó que sus exigencias pasan porque se retire el ERE y se presente un plan de viabilidad para evitar lo que calificó como un claro proceso de deslocalización. Además, indicó que «este tipo de suspensión non ten consecuencias legais» y cuestionó la «desaparición da conselleira de Traballo» en este conflicto. Mientras, Alberto Casal, de la CGT, consideró que la actual situación «carece de calquera tipo de protección xurídica, nin estamos nun ERE nin sabemos en que estamos» y defendió que la negociación tiene que pasar por la retirada del mismo. Además, anunció que pedirán el arbitraje de la inspección laboral.