La Asociación de Empresarias de A Coruña (Aeco) está a punto de saltar por los aires. Un choque entre dos formas de interpretar el asociacionismo y la gestión del día a día entre la actual presidenta, Ana Isabel Ulloa, y la fundadora, Ángeles de la Iglesia, ha sido el detonante para que ambos sectores se hayan cruzado sendas denuncias en las últimas semanas.
Ulloa asumió la presidencia de las empresarias coruñesas, una entidad con 105 asociadas, el pasado mes de febrero. El nuevo equipo directivo, tras hacer un arqueo de los recursos económicos de la agrupación, decidió iniciar la búsqueda de nuevos ingresos para incrementar la actividad del colectivo.
Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo equipo directivo pasaba por cobrar un alquiler a la Federación Comarcal de Mujeres Empresarias, que encabezaba De la Iglesia, y a la Federación Gallega, que preside Isabel Iglesia Oviedo, con las que hasta entonces compartían espacio en la sede institucional de la avenida de Pérez Ardá. «Parecía una propuesta lógica que, si estaban usando un espacio y unos recursos, contribuyeran a su mantenimiento», justifican la medida desde las más próximas a los postulados de Ulloa.
Ángeles de la Iglesia rechazó tal petición. Argumentó que su entidad ya colaboraba en otros aspectos de la vida diaria de la Asociación de Empresarias de A Coruña, sobre todo en el apartado de generación de recursos económicos a través de subvenciones y convenios, además de recordar su papel de pionera en la puesta en marcha de Aeco. «Hay maneras y maneras de decir las cosas y podían haber planteado su exigencia de otra manera», contestan desde los partidarios de De la Iglesia.
En plena guerra fría entre los dos bandos -tres si se tiene en cuenta la posición de la Federación Gallega, más afín a la comarcal-, el sector más duro de la directiva de la agrupación coruñesa optó por recurrir a una medida drástica: cambiar las cerraduras de la sede oficial de la institución para forzar la salida de la Federación Gallega y también de la comarcal de forma inmediata.
La respuesta fue igual de dura. Las desalojadas llamaron a la Policía Nacional y presentaron la correspondiente denuncia en el Juzgado de Guardia, que luego fue archivada.
Sin embargo, esa reacción no hizo más que encrespar los ánimos de un sector de la directiva de Ulloa, que decidió incrementar la virulencia de la contestación con una acusación de grueso calibre: supuestas irregularidades en la actividad contable de la Asociación de Empresarias de A Coruña.
Los esfuerzos por calmar las aguas entre ambos bandos no dieron el fruto esperado. Cuando se planteó la posibilidad de retirar la denuncia, la Fiscalía ya había empezado la investigación y la visita a los juzgados será inevitable para ambas partes.
«Lo peor de todo -cuenta una joven socia- es que la mayor parte de la Asociación está al margen de este enfrentamiento. Es probable que Ulloa tenga razón en el fondo, pero hay otras formas de hacer las cosas». Mientras, la cascada de peticiones de baja en la agrupación ya se ha iniciado.