Cuando un edificio se levanta de manera ilegal, al margen de las normas urbanísticas, es fácil que el asunto llegue a los tribunales y que estos terminen, tras años o décadas de sentencias y recursos, ordenando su derribo. Lo difícil, por no decir imposible, es que esa orden judicial se lleve a cabo. Y no se lleva «nunca» a cabo, porque los ayuntamientos terminan por adecuar las normas urbanísticas al edificio sobre el que pesa la amenaza de derribo. Y en muchos casos, ni eso. Solo pensar en lo que supondría para la caja de cualquier Ayuntamiento indemnizar a los vecinos afectados lleva a los gobiernos municipales a hundir en el letargo cualquier orden de demolición, por mucho juez que se lo imponga.
Derribar, por ejemplo, el edificio Conde de Fenosa, sobre el que pesa una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su demolición, llevaría al Ayuntamiento a la bancarrota. Fuentes del Colegio de Arquitectos calculan que las indemnizaciones que debería otorgar el gobierno municipal a los más de cien vecinos afectados rondarían los 40 millones de euros, cantidad escalofriante para una ciudad que cuenta con 220 millones de presupuesto. Resarcir a los propietarios del edificio de Fernando Macías costaría mucho más que lo que el Ayuntamiento se gasta este año en inversiones, que ascienden a 31,50 millones de euros, dinero con el que llevan a cabo, entre otras cosas, la construcción del Agora, las partidas para la tercera ronda y el programa de erradicación del chabolismo en Penamoa o la ejecución del parque del Agra, además de proyectos de mantenimiento y renovación del asfaltado.
12 años de pleitos
El litigio en el que anda ahora inmerso el Ayuntamiento con el edificio Conde de Fenosa comenzó hace 12 años. Sobre este inmueble, construido sobre la parcela que acogió durante tres décadas la sede central de la compañía eléctrica, pesa un fallo del Tribunal Supremo que amenaza con tirarlo abajo. El Ayuntamiento otorgó en 1997 la licencia para la edificación, en la calle Fernando Macías, de tres bloques ocupados con un centenar de viviendas, locales comerciales y despachos de oficinas. Una vecina de la zona denunció que ese permiso era ilegal, ya que las dimensiones del patio interior de uno de los bloques eran excesivas, así como insuficiente las plazas de garaje, 72 para un centenar de viviendas. El TSXG le dio la razón en el 2001 y ordenó el derribo. El Ayuntamiento recurrió y el Supremo acaba de ratificar la decisión del TSXG de obligar a inscribir en el BOP y en el Registro de la Propiedad la sentencia que anula la licencia municipal. Los jueces dictaminaron que fue ilegalmente otorgada porque no se ajustaba al planteamiento en vigor, el de 1985, que prohibía la reforma integral de una edificación cuando Fadesa solicitó la licencia.
Para el Ayuntamiento son «deficiencias» que se pueden «reparar». Las autoridades municipales, tras la primera sentencia del alto tribunal gallego de 2001, ya intentaron legalizar la licencia otorgando dos nuevas ajustadas al Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1998 y que sigue en vigor.