El Consello de Contas exige al Concello de Oleiros que refuerce el departamento encargado de realizar inspecciones urbanísticas en el anteproyecto del Informe de Fiscalización sobre Disciplina Urbanística de los ejercicios 2005 y 2006, remitido el pasado jueves al Ayuntamiento. Para este organismo la labor que han realizado los 13 funcionarios adscritos a urbanismo es «importante», pero también alerta de que son «insuficientes» para el volumen de licencias que se tramitan en este municipio, como reconocen ante el organismo desde el propio Concello. El informe destaca el trabajo de la Policía Local en materia de urbanismo -se encargó de un total de 134 casos solo en el año 2005-, pero recalca que «debe ser completado coa incorporación de técnicos en urbanismo que garantan a correcta execución da competencia de disciplina urbanística». En consecuencia, recomienda que se cuente con «persoal suxeito a estatuto funcionarial» para todo lo relacionado con la inspección, la protección de la legalidad y las sanciones, precisamente las actividades en las que el órgano ha detectado menos recursos humanos. También insta a pedir asistencia y asesoramiento de la Diputación. Sin sanciones de la Xunta El Consello de Contas alega que no ha podido establecer comparaciones con otros municipios, ya que los datos que le hizo llegar el Concello de Oleiros el 24 de enero del año pasado no son compatibles con su sistema de trabajo y no son capaces de sacar conclusiones sobre el volumen de solicitudes para otros actos distintos de la licencia de obra nueva. En los dos años analizados la Xunta no ha tenido necesidad de comunicar o requerir al Ayuntamiento por infracciones urbanísticas. Sin embargo, los responsables municipales enviaron un total de 40 expedientes a los organismos públicos, aunque no saben si la Xunta requirió «algún tipo de intervención, de informe ou de comunicación procedimental nin se a comunidade autónoma realizou ningunha actuación». En cuanto a causas judiciales abiertas, a los redactores del informe de Contas les consta que existe uno ya resuelto y dos pendientes de sentencia. Durante el período analizado no se ha tenido que llevar a cabo demolición alguna. Del total de las 73 obras denunciadas, hubo que paralizar 26, ya que estaban siendo ejecutadas, mientras que 25 se encontraban totalmente finalizadas. «Constan resoltos 51 expedientes, sendo cualificadas como legalizables 28 e en 8 constan sancións pecuniarias e dos restantes non se facilita información», resumen. Por último, el Consello de Contas recuerda a los responsables municipales que realicen una serie de puestas al día, como un registro administrativo de licencias, una ordenanza que regule las inspecciones para edificios antiguos y medios telemáticos adecuados y compatibles con las consellerías competentes. También se insta a realizar un catálogo del patrimonio una vez aprobado el plan general.