El caos que cientos de gallegos padecieron anteayer por un temporal en la autopista no puede quedar impune. La concesionaria tendrá que responder en la medida que la ley determine. Pero de ahí a que el vicepresidente de la Xunta diga que los ciudadanos tienen que ir pensando en dejar de pagar el peaje hay una frontera que un gobernante no puede atravesar.
La frase de Anxo Quintana no es solo demagógica (apela a un impulso que cualquiera tiene cuando no recibe el servicio por el que ha pagado), es además irresponsable. Es como si a alguien se le ocurriera descontar una parte de sus impuestos porque no le gusta lo que se hace en el monte Gaiás o las fiestas baile para la tercera edad.
Si el vicepresidente cree que la empresa que gestiona la autopista ha incumplido gravemente el contrato tiene otra vía de acción, cuyo resultado sería igualmente, pero de forma legal, que los ciudadanos dejen de pagar por el servicio público. Si cree que hay motivo para ello, lo que tendrá que hacer como gobernante es denunciar el contrato y rescatar la concesión.