Como si fuera el cobrador del frac, el Ayuntamiento de Ferrol intenta desde el año 2002 que Defensa pague el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por el astillero de Navantia Ferrol. La tasa roza el medio millón de euros anuales, una cifra muy significativa para un Concello con permanentes problemas de financiación y un presupuesto, el del presente ejercicio, de apenas 45,5 millones para sus casi 75.000 habitantes.
Como si fuera un moroso, el ministerio ha hecho todo lo posible durante un lustro para no sufragar el impuesto. Esa actitud lo llevó a ser el mayor deudor del Ayuntamiento con un débito acumulado por impago del IBI de más de dos millones de euros a principios del 2007.
Los tribunales fallaron hasta en cuatro ocasiones contra Defensa, y el anterior gobierno local, formado por PP e Independientes por Ferrol, llegó a ordenar en el 2007, en pleno enfrentamiento, el embargo de una finca del ministerio.
El actual gobierno, integrado por PSOE e IU, anunció en julio del año pasado un «acuerdo» con Defensa para poner fin al contencioso. El ministerio pagaría la deuda en dos bloques: primero las anualidades del 2002, 2003 y 2004, cerca de un millón de euros; y a principios de este año las restantes, algo más de 1,1 millones. El «acuerdo» incluía el pago de las anualidades siguientes y una contrapartida: Defensa no pagaría los intereses de demora de la deuda, estimados en unos 400.000 euros.
Defensa solo cumplió en parte. En septiembre del 2007 pagó la primera mitad de la deuda, pero no ha sufragado el resto a primeros de este año, como estaba previsto, y parece que la resistencia a pagar continúa. El miércoles, el PP de Ferrol hizo público un escrito oficial firmado por el delegado de Defensa en Galicia, Antonio Díaz del Río, en el que el ministerio solicita la «exención del impuesto de bienes inmuebles para el ejercicio del 2008 y sucesivos».
El portavoz municipal de los conservadores, José Manuel Rey Varela, reprochó al Ejecutivo socialista «su falta de solidaridad con Ferrol», y calificó de «presunto acuerdo» el pacto con Defensa anunciado por el gobierno de la ciudad naval en el 2007.
El alcalde, Vicente Irisarri (PSOE), pidió ayer que no se «saque de quicio» el asunto, que reconoció «complejo» y que podría no solventarse «en meses». El regidor afirmó que Defensa «incumplió su compromiso» de pagar la segunda mitad de la deuda, aunque descartó nuevos embargos. Finalmente, admitió que el acuerdo era «verbal» y que no hay «documentos de alcance» que lo sostengan, pero subrayó que se incluyó en un «paquete» con otros pactos, como la cesión de varias propiedades en la ciudad.