El propietario se negaba a que fuese ocupada su finca Los populares habían denunciado que las obras suponían un allanamiento
30 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.El Ayuntamiento de Oleiros informó ayer de que el juzgado contencioso administrativo número 4 de A Coruña le ha autorizado a entrar en la finca número 22 de la rúa Celso Emilio Ferreiro, de Mera, para dar continuidad a las obras de construcción de las aceras que se están realizando en esa zona. Desde el gobierno municipal se destaca que la parcela es propiedad de un concejal del Partido Popular y se puntualiza que la resolución judicial, fechada el pasado 24 de mayo, echa por tierra la denuncia presentada por el grupo popular y sus máximos dirigentes acusando a miembros del ejecutivo local de una actuación ilícita y de allanamiento de morada. Para el gobierno municipal, el auto constata que se actuó correctamente al solicitar la correspondiente autorización judicial e indica que el fallo refrenda su postura e intención para llevar adelante los trabajos municipales que permitan la conclusión de los trabajos iniciados hace tiempo y paralizados por la negativa de cuatro particulares, que asegura que están vinculados, directa o indirectamente, a unas siglas políticas. A favor Los tres casos que suscitaron problemas en la zona, el gobierno local recuerda que fueron resueltos, con la preceptiva autorización judicial, a favor del Ayuntamiento. Desde el consistorio oleirense se destaca que los trabajos comenzarán de manera inmediata con el objetivo de finalizar las obras de las aceras en Celso Emilio Ferreiro, que se consideran necesarias y urgentes para garantizar la seguridad vial de los peatones que transitan por ese lugar. Los populares habían interpretado de manera diferente los diligencias que hubo respecto a esta obra, ya que consideraba que para lo que había autorización era para levantar las actas de ocupación y el inventario de los bienes, pero no para la ejecución de la obra de las aceras. Los populares de Oleiros vinculan esta actuación con la investigación que se está realizando por las contribuciones especiales que «se pretendían cobrar a los vecinos que se negaron a ceder gratuitamente sus propiedades para la ejecución de las aceras» en el municipio.