El letrado de Ramallo dice que se podría imputar al alcalde de Sada

Dolores Vázquez A CORUÑA

A CORUÑA

Cree que se le puede vincular a un delito continuado de malversación Una hija de Ramón Rodríguez Ares y el concejal de Cultura testificaron ayer

14 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.

Ángela Rodríguez Martínez, hija del alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares; y el concejal de Cultura sadense, Alejandro Santos, testificaron ayer en los juzgados de Betanzos por la querella que formuló la concejala Elena Ramallo Millán contra el regidor por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ambos rechazaron comentar sus declaraciones y Santos sólo indicó: «Las valoraciones las hace la justicia». Elena Ramallo había acusado, hace casi tres años, al edil de Cultura de cargar gastos de rayos UVA, teléfono, viajes, copas, cremas y comida a las arcas municipales. También había denunciado que desde el Concello se sufragaba la gasolina a la hija del alcalde. Testimonios El abogado de Ramallo, Santiago Nogueira, consideró que «hay base para una acusación de delito continuado de malversación de fondos públicos, cuando menos». Estima que se debería iniciar un juicio por esta causa y aunque descartó revelar qué declararon la hija del regidor y Santos ayer apuntó que sus testimonios tienen una «importancia relativa» frente a otros que precedieron y que según él son la clave para que se abra un juicio contra Rodríguez Ares. Por otra parte, la jueza que instruye esta causa pidió al Ayuntamiento la documentación existente que haya sobre un supuesto uso municipal de tres turismos a nombre del alcalde. También reclamó que se informe del nombre y domicilio de la persona que durante los años 2000 y 2001 desempeñó el cargo de interventor municipal. Esta causa se inició en el Tribunal Supremo, ya que cuando se realizó la denuncia Ramón Rodríguez Ares era senador. Renunciando a su condición de aforado, el alcalde sadense había declarado en abril del año pasado ante el Alto Tribunal y había negado todas las acusaciones, asegurando que eran verdades a medias contadas fuera de contexto. La causa pasó a los juzgados brigantinos, al dejar su cargo como senador.