Desde el comienzo de la crisis sanitaria y económica del COVID-19, el Gobierno ha cometido graves errores por omisión y ha adoptado medidas absolutamente excepcionales que limitan derechos constitucionales y suspenden el control parlamentario. Su deber es hacerse responsable de ambas cuestiones. Escudarse en que hizo y seguirá haciendo exclusivamente lo que recomiendan los expertos, para eludir así cualquier responsabilidad, es algo políticamente tan absurdo como que un presidente del Gobierno se desentendiera del posible fracaso de su gestión económica diciendo que él solo hizo lo que recomendaban los economistas. En primer lugar, ni todos los científicos ni todos los economistas proponen lo mismo. De hecho, los epidemiólogos que el Ejecutivo ha situado al mando del frente contra el virus han ido cambiando de opinión, sin que quepa descartar que algunas contradicciones obedezcan más bien a un intento de respaldar omisiones o acciones del Ejecutivo con criterios más políticos que sanitarios. Pero es que, además, un Gobierno no puede dejar jamás en manos de los científicos la responsabilidad última de decisiones que tienen y van a tener efectos devastadores para la economía del país durante años.
Un gobernante no puede saber de todo. Su obligación es asesorarse en cada materia sobre la que debe decidir. Pero, una vez que dispone de la información, la responsabilidad de tomar las medidas que considere más beneficiosas o menos perjudiciales para el bien común es exclusivamente suya, independientemente de que sean o no populares. En eso consiste la soledad del poder y la altísima responsabilidad de un presidente del Gobierno de cuyas decisiones depende la prosperidad económica del país y también la salud de los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo y sus ministros deben entender que los científicos hacen ciencia y los políticos, política. Por eso, ni el doctor Fernando Simón debe ser quien justifique por qué Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se saltan la cuarentena que se exige a todos los ciudadanos en su misma situación, ni se puede cargar sobre las espaldas de los científicos la responsabilidad de paralizar la economía de un país, dejar sin trabajo a millones de ciudadanos, recortar derechos y libertades o suspender sine die la función del poder legislativo. Todas esas son decisiones políticas de las que solo Sánchez es responsable. Eso es gobernar. Lo otro, ampararse en los expertos para recortar derechos sin consultar con nadie y al tiempo reclamar el apoyo incondicional de todos los partidos, empresarios, sindicatos y presidentes autonómicos, es tratar de apuntarse los méritos si las cosas salen bien y curarse en salud si su gestión resulta catastrófica.
«Fueron los científicos los que decidieron, no el Gobierno». Ese es el mantra que se repite en el Ejecutivo para no rendir cuentas de sus decisiones, justificar sus errores y eludir cualquier autocrítica. Pero esconderse detrás de los «expertos» no es forma de gobernar ni de liderar la batalla contra una pandemia que ha arruinado el país y ha matado ya a 13.000 españoles.