La ciencia no es de interés general

La élite de los centros de investigación en España reclama que se deduzca el IVA, que se flexibilice la tasa de reposición y que se adapte el régimen de contratación


redacción / la voz

Juegan en otra liga. En la Champions mundial de la ciencia. Son los 41 centros y unidades reconocidos con los sellos de excelencia Severo Ochoa (25) y María de Maetzu (16), agrupados ahora en la alianza SOMMa. Pero la burocracia los ahoga, compromete su viabilidad y les hace perder competitividad hasta el punto de que el riesgo de bajar de categoría es más que una amenaza. La pérdida de fondos por los recortes en I+D+i de los últimos años no es su mayor problema, porque buena parte de sus ingresos los obtienen de las exigentes convocatorias europeas e internacionales, sino la rigidez y las trabas que les impone la Administración. «No podemos gastar el dinero que tenemos de una manera competitiva y eficiente, porque las leyes no tienen en cuenta la especificidad de la ciencia, que es un sector muy distinto a otros», resume Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y presidente de la nueva alianza, que presentó ayer sus reivindicaciones en Madrid ante la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela.

Tres son sus principales problemas: que los centros puedan deducir el IVA por la adquisición de bienes y servicios, que las subvenciones públicas que reciben no estén sujetas a este impuesto o que, al menos, se fije un criterio homogéneo que no dependa del inspector de turno; la adecuación de la nueva ley de contratación pública, que exige un concurso público a partir de contratos superiores a 15.000 euros, a la realidad de la investigación científica; y que se flexibilice la tasa de reposición -la sustitución de bajas y jubilaciones en las plantillas- para permitir incrementos de personal siempre y cuando los institutos tengan fondos para ello.

Proponen, en este último caso, un contrato fijo sujeto a proyectos, de tal modo que si no se consiguen para mantener la actividad se indemnizaría al trabajador.

La primera demanda pasa por conseguir que la I+D+i, fundamentalmente la investigación básica, se concrete como una «actividad económica», como sucede actualmente en el ámbito de la cultura, y que se constate que se trata de una actividad de interés general cuyas subvenciones no deben repercutir el IVA.

Inseguridad

La falta de una doctrina homogénea en este ámbito, pese a que cada vez hay más sentencias que reconocen a centros y universidades la deducción del impuesto, provoca que la situación no solo sea distinta en cada comunidad, sino que dependa también del criterio de cada inspector de Hacienda, lo que da lugar a una gran inseguridad. «A nosotros -apunta Serrano de forma gráfica- nos pedían 4 millones por el ejercicio del 2015, que al final, con mucho esfuerzo, se quedaron en uno. Pero a otros centros, según los casos, los hundes, y en Cataluña ya hubo alguno que tuvo que aplicar un ERE para poder pagar».

La obligatoriedad de establecer un concurso público para contratos por encima de 15.000 euros, que acaba de entrar en vigor, puede ser un problema aún mayor. No solo porque el exceso de burocracia suponga un retraso en la actividad investigadora que no siempre se podrá permitir, sino porque también será necesario contratar a más personal administrativo para realizar las funciones burocráticas. Los institutos de gran tamaño, por ejemplo, necesitarán poner en marcha más de 200 concursos al año.

«Es algo totalmente inmanejable», se lamenta Serrano, que sí confía en que la Administración muestre una mayor flexibilidad, tanto en estas cuestiones como en la contratación de personal. «Si no lo solucionamos -dice- volveríamos a una situación de hace 15 años, cuando ahora, por primera vez en la historia y pese a los recortes, tenemos a centros y departamentos reconocidos internacionalmente».

Un consejo de notables para asesorar a la presidencia del Gobierno

El presidente de la alianza de centros de investigación de excelencia, Somma, reclamó ayer la creación de un comité científico independiente que se encargue de asesorar al Gobierno y a la presidencia. «Es algo que ya tienen la mayoría de los países civilizados, menos España, y que serviría para tener en cuenta las leyes que afecten a la ciencia», explica. Las instituciones integradas en la alianza, entre los que se encuentran el Instituto Galego de Física de Altas Energías (Igfae), cuentan con más de 7.000 empleados.

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