El pleno del lunes en Cee, aparte de pedirle a Ferroatlántica que mantenga y genere empleo en la zona, va a aprobar la presencia del concejal escindido del PSOE Modesto Rivas en todas las comisiones informativas. La secretaria municipal no está muy de acuerdo y advierte, como ya ha hecho otras veces, de la sobrerrepresentación que tienen en la localidad los ediles no adscritos respecto a los grupos mayoritarios.
El alcalde, Ramón Vigo, lo defiende como una cuestión de «dereitos» porque no entiende que pueda haber «concelleiros de primeira e de segunda». Además lo inscribe en la tradición que reina en la localidad de darle la máxima voz posible a todos y lo ilustra con que, por ejemplo, no tienen «un grupo mixto como tal», ya que los ediles de Ciudadanos y BNG actúan, de hecho, con independencia cuando realmente debería formar un único grupo y consensuar sus propuestas, con lo que eso supone entre dos formaciones con propuestas políticas tan dispares.
Sin embargo, donde Vigo ve derechos, PP, PSOE y BNG, lo expresen con más o menos contundencia, no aprecian más que intereses. De hecho, a algunos, como el nacionalista Serxio Domínguez, le entra la risa floja cuando recuerda las referencias de los socialistas a que existía un pacto oculto entre él e IxCee, o cuando el propio Rivas señalaba que se plegaban a líneas marcadas por el BNG, a cuento de la polémica con el idioma.
Entienden esta decisión, muy cogida con pinzas en lo legal porque existe jurisprudencia en todas las direcciones como muestra de gratitud, pago de favores o llámese como se quiera. No les cabe duda de que, en el fondo, responde fundamentalmente a que el ahora concejal no adscrito se ha convertido ya en un apoyo más, y bastante declarado, al gobierno de Vigo.
Para rizar todavía más el rizo, la propuesta del alcalde, con el informe de secretaría en contra por distintos motivos, se basa en otro de hace más de tres años que emitieron los servicios jurídicos de la Deputación, en relación al edil Plácido García, ahora de Ciudadanos pero que se acababa de ir del partido de Vigo. Curiosamente, García, quien además contaba con su propio informe jurídico privado, que sustentaba su derecho a estar en las comisiones, no pudo hacerlo y ni siquiera llegó a utilizar este documento, porque entonces tenía que ponerse de acuerdo en el reparto con los no adscritos expulsados del BNG y aquello no fue posible.
Por tanto, y a sabiendas de que el asunto va a traer cola ya desde el debate de este mismo lunes, se abre la eterna reflexión sobre lo finísimas y traspasables que son en la política, y también en el derecho, las líneas entre lo que vale en unas ocasiones y no sirve para otras.