El Concello carballés sacará a concurso la plaza de inspector de la Policía Local
CARBALLO MUNICIPIO
El TSXG ratifica la anulación del nombramiento
20 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Carballo tiene que sacar a concurso la plaza de inspector principal que en la actualidad ocupa en comisión de servicio Roberto Mosquera. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de rechazar el recurso contra la anulación del nombramiento, según hizo público la CIG, sindicato que además dio a conocer algunos párrafos de la resolución y también la valoración del fallo. Desde el Concello señalaron que se puesto saldrá a concurso el año que viene, así que podrán optar a ella todos los policías locales que lo consideren, siempre que reúnan los requisitos.
Los jueces dan la razón por segunda vez al sindicato, además de condenar en costas al Concello. En su día, el juzgado contencioso-administrativo número 1 de A Coruña ya había declarado que no podría seguir en el puesto de inspector jefe de la Policía Local, instando a hacerlo por los cauces reglamentarios. La central recuerda que impugnó el nombramiento porque «o citado funcionario fora nomeado directamente polo alcalde sen que existise a debida convocatoria pública, dándose a circunstancia de que estaría accedendo a unha categoría profesional e unha escala á que non podería pertencer». La clave de todo este proceso está en que, según el fallo, el Concello tuvo tres años para cubrir la vacante en el puesto de jefe de la Policía, como marca la ley, y no podía superar los 12 meses en el puesto. Pasado ese tiempo ha de publicarse la convocatoria pública del puesto. El tribunal cree que «la situación ha sido generada por el propio Concello al no convocar el puesto en dicho plazo de doce meses, por lo que ahora no puede ampararse en dicha ilegalidad para pretender el mantenimiento del nombrado en el puesto, ya que sería un modo de prolongarla».
Para la CIG, es «muy grave» la actuación del Concello, «xa que é evidente que ademais de primar os intereses particulares dun funcionario fronte á necesidades organizativas e xerárquicas dun servizo prioritario, veu a provocar un gasto continuo á cidadanía recorrendo sentezas xudiciais, co único obxectivo de poder manter unha situación que ademais de irregular, agora acredítase que era ilegal». La central señala que pide de nuevo la «revogación inmediata do nomeamento», así como la convocatoria pública del puesto (que ya se va a sacar). El nombramiento había sido realizado «por motivos de necesidad y urgencia». Pasados los tres años de plazo para cubrir la vacante, y al ver que no se hacía, fue cuando el sindicato nacionalista decidió acudir a los tribunales.
El gobierno local excedió el plazo máximo que tenía para un puesto que es provisional