Un olvido imperdonable


Camariñas, un municipio gobernado «desde siempre» por el mismo partido político que presentó, apoyó y aprobó la Ley de Memoria Histórica, no hizo los deberes que impone. Por eso mismo tiene una deuda de memoria, quizás por desdén, dejación, desidia o por el frío empeño de olvidar. Y, es que, además de seguir manteniendo a Francisco Franco como alcalde honorario del municipio, otro ejemplo lo tenemos con la placa de un grupo de viviendas sociales construidas en la época de la dictadura (1955-1956) por la Organización Nacional de Sindicatos y en la que sigue apareciendo el yugo y las flechas y otros símbolos del régimen franquista-falangista.

A falta de una investigación más exhaustiva, también existe una avenida dedicada a Eugenio López, el que fue subjefe provincial del Movimiento de A Coruña, y por lo tanto, falangista. Indudablemente apegado y comprometido con la dictadura de Francisco Franco. No obstante, a pesar de que su caso no esté contemplado específicamente en la Ley -Eugenio tenía 15 años en 1936- como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Cuenca, fiscal de la Audiencia de A Coruña y fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, es posible que, de alguna forma, hubiese tomado parte en la represión de la dictadura franquista durante la posguerra, pero comprobar estos extremos llevaría un trabajo que no podría por mi parte efectuar. La posible exclusión o no de su nombre de la calle citada, podría ampararse en que «los ciudadanos tienen derecho... a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio», que también lo dice la ley, si tenemos en cuenta las manifestaciones públicas que se han producido en otro pueblo de la zona sobre este mismo personaje.

Mucho más sangrante es el caso de Ramón Carballo Tajes, Andrés o Celestino Balsas Bello, Manuel Carracedo, Jacinto Campaña, Pacífico Campa Santos, Adolfo Antonio Grela, Faustino Dios Vidal, Juan Fernández Moreira, José Campa Santos o Antonio Santos Castañiñas, todos ellos vecinos del municipio de Camariñas, y que entre 1936 y 1938 fueron asesinados -fusilados o paseados -, algunos de los cuales siguen en la actualidad desaparecidos. Pasados ochenta años de su muerte, nunca les han reconocido o recordado, apresurándose las sucesivas corporaciones a darlos por olvidados, o dejándolos atrás con alivio.

Hay que aclarar para aquellos que no conocen la historia, o les ha llegado distorsionada o falseada, que a estos vecinos no los mataron por ser criminales, ni por ser terroristas, ni por ser desalmados o traidores, ni por haberse sublevado, ni por matar a nadie... Ni tan siquiera por ser delincuentes comunes. Lo único cierto es que siguieron instrucciones de las autoridades gubernativas provinciales, precisamente del gobernador civil y su colaboradores, instándoles a convocar una huelga general, a efectuar algunas requisas de armas para que sus propietarios no las utilizasen contra la II República española, además de requisar algunos automóviles y alimentos para defender la democracia y ayudar a que fracasase un golpe de estado que pretendían llevar a cabo los militares sublevados, y que, al fracasar parcialmente, provocó una guerra civil y centenares de miles de muertos.

Repetimos, y no es una cuestión baladí. Resulta evidente que Camariñas nunca les rememoró ni reconoció el sacrificio de pagar precio tan alto, ni por parte de la sociedad civil ni por parte de las instituciones locales, quizás por descuido, olvido o taimada amnesia. O por actitudes pasivas. ¿Quién lo sabe? La realidad incuestionable es que la corporación municipal incumple la ley en cuanto a honrar y recuperar a los que sufrieron la represión física durante la guerra civil y el franquismo, así como la obligación de retirar aquellos símbolos que honran a los que se sublevaron o colaboraron íntimamente con los militares golpistas y la dictadura. Una omisión que parece no haber llamado la atención de nadie. Y, es que, quizás falle la capacidad humana para la empatía.

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