«Quien recicla correctamente no debe pagar lo mismo que quien no lo hace»

Antón Lestón
antón lestón CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO

Ignasi Puig, del Observatorio para la Fiscalidad de los Residuos de la Fundación ENT
Ignasi Puig, del Observatorio para la Fiscalidad de los Residuos de la Fundación ENT

Ecovoz 2026 | «Fiarlo todo a la educación medioambiental me parece sumamente iluso», apunta Ignasi Puig desde el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos

30 mar 2026 . Actualizado a las 21:04 h.

La Fundación ENT puso en marcha en el 2018 el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, que desde entonces se ha consolidado como referencia para conocer la situación tributaria nacional en lo que se refiere al sector público y medioambiental. Ignasi Puig es uno de los expertos que están detrás de cada informe y participó el viernes en Ecovoz.

—¿Por qué se creó?

—Venía a suplir un vacío, pues las tasas de residuos son el principal tributo en la mayoría de los municipios y no había ninguna institución, ni pública ni privada, que se ocupase de centralizar la información sobre su estado. Nuestra principal actividad es realizar un estudio anual sobre la situación de las tasas de residuos en España, además de analizar otras figuras fiscales a nivel autonómico y estatal.

—Defienden un modelo de fiscalidad como herramienta ambiental.

—Los impuestos ambientales tienen la virtud de que, además de recaudar, crean una señal económica que induce a mejores prácticas. Por ejemplo, el impuesto estatal sobre el vertido y la incineración persigue encarecer estos tratamientos finalistas, que están en lo más bajo de la jerarquía de residuos y deben evitarse a toda costa. Al encarecerlos, se abarata de forma indirecta la prevención y el reciclaje. Esto también debería aplicarse en lo smunicipios. En los países más avanzados no se pagan tarifas planas, como ocurre en la mayoría de España,cada hogar o comercio paga de acuerdo con la cantidad y tipo de residuos que genera, lo cual exige una medición que aquí es aún muy incipiente.

—¿Cómo generan los informes?

—Mantenemos un panel actualizado de unos 130 municipios, incluyendo todas las capitales de provincia, que nos sirve como muestreo representativo. Revisamos las ordenanzas fiscales y vaciamos su contenido: analizamos aspectos cualitativos, como los beneficios fiscales, y cuantitativos, como las tarifas. Como cada municipio tiene una tasa muy heterogénea y difícilmente comparable, definimos un «hogar tipo» y once «comercios tipo», estableciendo un número de residentes, metros cuadrados o el valor catastral para calcular y comparar la tarifa media que pagan.

—¿Y que conclusión sacan después de ocho años?

—Que el horizonte último debe ser avanzar hacia el «pago por generación». Que la tarifa dependa de los residuos generados. Para que esto sea posible hace falta medir la generación individual y eso pasa por sistemas de recogida de alta eficiencia: el puerta a puerta o los contenedores cerrados con identificación de usuario. En España hay más de 400 municipios con recogida selectiva puerta a puerta que obtienen resultados excelentes. Además, hay un número creciente de localidades que apuestan por contenedores cerrados con identificación.

—¿Cómo se puede mejorar?

—Es la pregunta del millón. Sin concienciación ambiental no se avanza, pero, tras décadas de políticas de residuos, fiarlo todo a la educación me parece sumamente iluso. Está demostrado que cuando se implantan sistemas de alta eficiencia, en 24 horas se pueden dar saltos de hasta 40 puntos en la recogida separada con los mismos ciudadanos. Se trata de poner los medios adecuados en la calle y mejorar la calidad de las infraestructuras. Además, las señales económicas son fundamentales: hacer las cosas bien no puede salir más caro que hacerlas mal, y a nivel ciudadano, quien recicla correctamente no debe pagar lo mismo que quien no lo hace.

—¿Es un objetivo principal de la mayoría de ayuntamientos?

—No, en España es un tema secundario, o incluso terciario. A la vista está que incumplió con creces los objetivos europeos de reciclaje para 2020 e incumplirá los del 2025. Esto deriva de unos deberes no hechos por parte de las comunidades autónomas y los municipios. Aunque hay centenares de localidades haciendo las cosas bien, hay miles que las hacen mal, y algunas muy grandes.