Los ganaderos perdieron 56 millones por el pacto de precios de la industria

Xoán Ramón Alvite Alvite
xoán ramón alvite MAZARICOS / LA VOZ

CARBALLO

BASILIO BELLO

Unións Agrarias considera que cobraron un 10 % menos y prepara 700 demandas

12 mar 2020 . Actualizado a las 08:48 h.

Los pactos de precios y demás intercambios de información llevados a cabo por las principales lácteas costaron a los ganaderos de a Costa da Morte algo más de 56 millones de euros. Esa es, al menos, la cifra que se estima dejaron de ingresar las granjas entre los años 2000 y 2013 -se excluye el año 2005- debido a esas prácticas calificadas como ilegales por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«Iremos ata as últimas consecuencias para que os gandeiros recuperen o que entendemos que lles foi quitado de forma ilegal»

 «Estimase que o dano causado se sitúa na volta do 10% do prezo medio que rexistraba o leite nese período. Ben é certo que esta cantidade nunha hipotética resolución xudicial pode diminuír ou incluso ser maior», explica Félix Porto, miembro del equipo jurídico del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.), entidad que está dispuesta a ir hasta «as últimas consecuencias para que os gandeiros recuperen o que entendemos lles foi quitado de forma ilegal». Tanto es así que esta asociación profesional agraria ya tiene en preparación más de 700 demandas contra la industria con la intención de recuperar este dinero aunque estiman que la cifra puede alcanzar las 2.000 antes del próximo 11 de julio, fecha en la que finaliza el plazo para reclamar.

Si bien desde el sindicato no descartan la posibilidad de actuar contra la totalidad de las industrias pues entienden que también se beneficiaron de la «distorsión provocada en el mercado», señalan que las mayores garantías de éxito son contra las empresas sancionadas. Entre ellas, las que mayor presencia tienen actualmente en la zona: Lactalis, Nestlé y Corporación Alimentaria Peñasanta, matriz de Central Lechera Asturiana o Larsa. En el caso de Feiraco, Leche Celta, Reny Picot y Leche Río, aunque también quedó probada su implicación en los hechos, su infracción ya quedó prescrita.

Todo este proceso arranca en 2015 con la sanción de 88,6 millones de euros impuesta por la CNMV a 11 empresas lácteas y dos asociaciones del sector por prácticas que atentaban contra la libre competencia. Resolución que fue anulada por un defecto de forma y dictada de nuevo en 2019 con una nueva propuesta de sanción que reducía la multa en ocho millones con respecto al expediente original. En el escrito de Competencia se daba por probado que las industrias dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de las granjas y los volúmenes adquiridos de estas. También la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador e incluso posibles medidas para evitarlo.

UU.AA. asume el coste

Reclamar el dinero perdido pueden hacerlo todas las granjas que producían leche entre 2000 y 2013 aunque ahora estén cerradas. Resultará gratuito para todas las granjas que deleguen el trámite en los abogados de UU.AA. Al menos hasta que haya una resolución firme y los afectados cobren la indemnización que le corresponde. En este caso, el coste para sus socios será del 10% y del 20% para los que no lo sean.

El sindicato se hará cargo del coste de los abogados, procuradores, de los poderes notariales y de las pruebas periciales necesarias para cuantificar el montante de las cantidades que reclaman los ganaderos.

Para poder presentar esta demanda es necesario disponer de las facturas de ventas de leche del período que se pretenda reclamar o, en el caso de no disponerlas, autorizar al sindicato para que solicite ante el Ministerio de Agricultura un certificado de las entregas de leche realizadas por cada granja.