Por desgracia para quienes residimos en la comarca de Bergantiños, y en la Costa da Morte en general, las informaciones en las que se mencionan oleadas de robos, delitos contra la propiedad o daños derivados de estos, resultan tan habituales como el gesto de ir a comprar el pan por las mañanas. Este tipo de conductas se recrudecen, desde mi punto de vista, por dos motivos básicos: en primer lugar, las nimias consecuencias que para los infractores se derivan de una legislación que resulta excesivamente permisiva con estas conductas. El delincuente habitual es perfectamente consciente de que, en el peor de los casos, pasará unas horas detenido, será puesto a disposición judicial y, salvo sorpresa mayúscula o concurrencia de una especial peligrosidad por contar con multitud de antecedentes, quedará en libertad sin más obligación que la de presentarse ante el Juez cuando sea requerido para ello.
Por otra parte, desde las Administraciones no se predica una política disuasoria que sirva para prevenir y desalentar la actividad de los amigos de lo ajeno. Aquí podría traerse el debate sobre la necesaria instauración en la capital de la comarca de una dotación permanente de Policía Nacional, pero es cuestión que no parece interesar a nuestros representantes en todas las instancias, así que podemos obviarla. Sabemos que no va a suceder, así que los integrantes de la Guardia Civil y de las Policías Locales continuarán redoblando esfuerzos para, al menos, intentar paliar las consecuencias de estas actuaciones. Lamentablemente, y aunque esa labor es encomiable, se revela insuficiente. Y en ese escenario ya sabemos quién tiene las de ganar. Y, por supuesto, quién va a salir perdiendo siempre (como de costumbre).