erjurio, dice la RAE, es el quebrantamiento de la fe jurada. Un juramento en falso. Es además un delito. Nuestro Código Penal condena al perjuro hasta a dos años de prisión. El asunto estriba en que se aplica, casi exclusivamente, a juramentos ante un tribunal, testigos que declaran falso testimonio, por ejemplo.
Las penas por perjurio deberían aplicarse con dureza en el ámbito político. Si los juristas discuten y discutirán siempre sobre si el perjurio solo cabe ante un Tribunal: ¿Acaso hay tribunal más alto que el propio pueblo? Digo esto porque últimamente están pasando por la taquilla de la Audiencia decenas y decenas de políticos para los que se piden innumerables penas por sus fechorías casi siempre relacionadas con los dineros públicos. Observo que para ninguno de ellos la fiscalía o la acusación popular piden pena por el perjurio cometido.
¿Qué perjurio? Lo hemos visto mil veces en los telediarios. Ese teatrillo desde alcaldes a ministros, presidente del gobierno incluido, que juran o prometen «por su conciencia y honor» cumplir y hacer cumplir las leyes, poniendo su mano sobre la Constitución en presencia de una Biblia y un crucifijo (¿estado aconfesional, España?), ese desfile no lo mejoran ni los Monty Python. Sea el gobierno que fuere, asoman los que desde sus despachos, rigiendo el destino de los ciudadanos, no hacen más que incumplir leyes e impedir que otros, generalmente amigotes, las cumplan. Ni cumplen ni hacen cumplir la ley cometiendo a diario un flagrante perjurio ante el tribunal más alto que no es otro que el de la ciudadanía. ¡Y todos tan perjuros y tan contentos, oiga!.