La propietaria del inmueble señaló ayer, acompañada de su abogado, que cuando adquirió la vivienda, en el 2007, que luego reformó «foi todo legal, co rexistro da propiedade e todo o que me pediron». Fue comprada a una entidad bancaria -ahora un banco, antes una caja- contra la que actuarán para reclamar daños si, como parece, el derribo se lleva a cabo. El letrado se pregunta «desde cuándo un banco prescinde de garantía hipotecaria y da un préstamo personal para la compra de vivienda». El mismo que le dio el dinero fue el que se la vendió. Añade que existe una certificación de final de obra de 1993, con antigüedad de 15 años (hasta el 78).
La propietaria (prefiere que no aparezca su nombre) carga las culpas contra el Concello de Carballo, por haber realizado la denuncia ante la APLU, pese a haberle antes dado permiso verbal -asegura- para realizar los arreglos. Y critica que se aportasen datos inexactos, como los referentes al rejado: «Estaba tellada, e segue sendo de uralita, non lle tocamos».
Ahora, añade, cree que le va a tocar ser una «sintecho» y sin recursos, porque residen en uno de los dos pisos. Y se pregunta si el Concello le va a compensar.
Técnicamente, lo que toca ahora es pedir el permiso de obra para realizar la demolición, pero de momento aún no lo ha hecho. La demora en espera de un cambio urbanístico puede ser contraproducente, debido a las multas pecuniarias de la APLU.