El tema de la ordenanza fiscal que regula la que conocemos popularmente como tasa de basura en Carballo viene siendo polémico desde hace un par de años y el lunes adquirió especial protagonismo al provocar de forma indirecta una medida tan grave como la suspensión del pleno ordinario previsto para ese día.
Lamento profundamente lo sucedido por dos motivos. Primero, porque creo que las legítimas protestas de los ciudadanos no deben en ningún caso impedir el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. Pero, en segundo lugar, lo lamento porque quien esto escribe fue quien en su día presentó la única alegación ante el Concello en el procedimiento de aprobación de la citada ordenanza, alegación que fue desestimada expresamente en el Pleno. Y es que las razones de aquella alegación son las que están en el fondo del presente malestar de un número significativo de vecinos.
Mi objetivo al presentar la alegación era la modificación del texto en un tema muy concreto, el relativo a las viviendas vacías, porque entendía (y lo sigo entendiendo hoy en día) que la nueva norma cambiaba radicalmente el contenido de la que había venido siendo aplicada sin polémica alguna desde hacía más de veinte años, y además porque era tan confusa que en la práctica venía a decir blanco y negro en el mismo párrafo.
En esencia, el problema radica en que ahora la norma establece que se entenderá que si una vivienda dispone de servicio de agua y/o de electricidad se considera ocupada a todos los efectos (lo que me parece razonable). Pero inmediatamente a continuación, la norma dice que aunque no se disponga de tales suministros el Concello entenderá en todo caso que se ha prestado el servicio y que, por lo tanto, ha de pagarse la tasa. ¿Me puede explicar alguien tal contrasentido?
Considero que las normas tienen que ser claras y que si políticamente se opta porque todas las viviendas paguen la tasa, tengan o no los mencionados servicios, pues que se diga claramente y se terminó la cuestión. Pero obviamente eso no sucede con la ordenanza aprobada y en vigor.
Por último, también creo que existen alternativas intermedias que podrían ofrecer una solución al problema, como podría ser el establecimiento de unas cuotas reducidas a aquellas viviendas que no están ocupadas. Y ello por cuanto no puede cuestionarse que el coste para el Concello siempre será mínimo en esos casos comparados con el generado por las viviendas que están efectivamente ocupadas.