En el edificio de la Atalaia concurrieron dos cosas: un constructor que supuestamente se llevó dinero adelantado por los compradores (350.000 euros, según algunas fuentes), y una supuesta recalificación ilegal de un terreno. Fue un particular el que destapó todo este caso.
Enero del 2003. El pleno aprobaba una modificación puntual de las normas subsidiarias para recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbanizable.
Mayo del 2006. La junta de gobierno daba visto bueno a la licencia para hacer 34 pisos. La obras arrancaban en agosto.
Noviembre del 2008. Un particular que había comprado un piso en esta urbanización presentó una denuncia en los juzgados de Carballo. Empieza a investigar y la APLU le confirma que ese terreno «era rústico con especial protección de la Ley de Costas».
Año 2009. La Xunta requiere al Concello, seis años después, que acredite este cambio puntual en las normas subsidiarias. El exalcalde dijo ayer que nunca recibió esa notificación de la APLU.
Marzo del 2011. La jueza imputó al exregidor por supuestas irregularidades en la recalificación urbanística del 2003.
Enero del 2014. El abogado del exalcalde solicita el sobreseimiento de la causa o, en su defecto, que se incluya en el procedimiento al resto de integrantes de la junta de gobierno local. La jueza decide imputar al actual mandatario, al edil socialista Antonio Pereira, al ex de AVE, Fernando Couto; a la exsecretaria Carmen Seoane, y el arquitecto municipal Juan Luis Arroyo.